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Predecibles, ni el debate del domingo ni el eclipse de ayer ensombrecieron el insólito pleito con Ecuador provocado por el injerencista presidente López Obrador y catapultado por la demencial irrupción policiaco-militar en la embajada mexicana.

Más allá del cobijo a un ex machuchón que ya estuvo encarcelado por aceptar sobornos y está hoy acusado de peculado, el allanamiento es absolutamente condenable, independientemente de que no procediera guarecerlo y menos otorgarle asilo político.

Hasta de chiste: el embajador ecuatoriano ante la ONU, José de la Gasca, tres días antes (2 de abril) de la invasión invocó la Convención de Viena que define a las embajadas espacios inaccesibles para las fuerzas y autoridades del país anfitrión sin el consentimiento del jefe de la misión extranjera y estipula que, en casos de conflicto, esos lugares son territorios neutrales (por desgracia no hay una instancia que vigile y regule el cumplimiento de la célebre Convención).

A propósito del bombardeo israelí al consulado de Irán en Gaza, De la Gasca dijo:

“Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los Estados, según el Derecho Internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 (suscrita por 81 países, incluidos México y Ecuador) y de Relaciones Consulares de 1963”.

Enalteció “la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional” y demandó que los atentados contra representaciones diplomáticas “sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia…”.

Para su jefa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el asalto a la embajada se debió al temor de que el ex vicepresidente Jorge Glas, con la complicidad de México, se les pelara:

“La decisión del gobierno fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de un ciudadano requerido por la justicia”, dijo, y remató con la babosada de que, con base en la Convención de Viena, ¡había pedido autorización! a la embajadora mexicana, “pero México no accedió…”.

¿Pues qué esperaba si para el Presidente mexicano ese individuo es “perseguido político”?

Si bien es cierto que el derecho internacional prevé que las representaciones consulares no asilen a probables delincuentes y Glas no solo ha purgado seis años de cárcel por aceptar sobornos, sino que gozando de libertad condicional fue acusado nuevamente, esta vez por peculado, su caso equivale a que aquí se indiciara formalmente a un ex secretario de Gobernación y éste fuera protegido en alguna embajada extranjera.

Lo civilizado racional habría sido que Ecuador, inclusive a riesgo de perder, agotara los recursos legales internacionales, acusara al mexicano por probable complicidad con un delincuente, pero jamás cometer la estúpida barbaridad de invadir un virtual pedazo de territorio mexicano…