¿Alguien sabe de mexicanos que hayan viajado a EU con algún propósito clínico y que a poco de cruzar la frontera fueran atacados a balazos y secuestrados como sucedió con los cuatro desafortunados estadunidenses?
El atentado contra cuatro ciudadanos estadunidenses ha generado explicables reacciones de indignación en el gobierno y los medios de su país.
Por “confusión”, como aventura el fiscal de Tamaulipas, o cualquier otra razón, como en muy pocos otros casos, el crimen hizo trabajar en chinga a las corporaciones federales y estatales de seguridad que dieron (de perdido lo hallado) con la sobreviviente, con el herido, con los dos cadáveres y con un único malhechor.
La reacción del presidente López Obrador a los reclamos de justicia en EU desatina con el reproche de que la misma cobertura no se da cuando mexicanos mueren asesinados en aquel país.
El razonamiento es insensato, ya que el silencio aquí se debe a la pasividad o el desinterés con que tales crímenes son vistos por el gobierno mexicano y a que ningún caso ha sido, ni remotamente, equiparable al de Matamoros.
¿Alguien sabe de mexicanos que hayan viajado a EU con algún propósito clínico y que a poco de cruzar la frontera fueran atacados a balazos y secuestrados como sucedió con los cuatro desafortunados estadunidenses?
Usos y costumbres (legales o no) son muy distintos en ambas naciones, al grado de que en EU es natural que la vida y los intereses de uno solo de sus ciudadanos justifique inclusive intervenciones militares (una orden de aprehensión girada por un juez en Miami motivó la invasión, la guerra y el bombardeo de Panamá, con el único propósito de capturar al narcodictador Manuel Antonio Noriega).
Lo dicho ayer por AMLO apuntala los pretextos y las argumentaciones de congresistas “duros” para que el gobierno de Joe Biden asuma como “terroristas” a las organizaciones mexicanas del crimen organizado que campean en amplias regiones del territorio mexicano (un tercio, según afirmaron hace dos años ante el congreso estadunidense los jefes máximos del Comando Norte, general Glen VanHerck, y del Comando Sur, almirante Craig Faller). Verbigracia Tamaulipas.
El “rápido” hallazgo de las víctimas es impensable sin el factor presión y el FBI de Estados Unidos, como sucedió también con el asesinato de nueve integrantes de la familia binacional LeBarón-Miller-Langford el 4 de noviembre de 2019 (van 31 detenidos, quedan nueve pendientes de captura).
Por eso AMLO dijo ayer:
“Se va a buscar a los responsables, se va a castigar, como se hizo cuando lamentablemente asesinaron a mujeres, niños en Bavispe” (Sonora).
La misma prestancia no se ve cuando se trata de mexicanos.
Para Larry Rubin, representante de algo más de dos millones de estadunidenses radicados en México y presidente de American Society, “estos crímenes suceden a mexicanos y americanos continuamente y es tiempo de exigir resultados diferentes a nuestras autoridades en ambas naciones. La lucha contra el crimen debe ser un esfuerzo binacional”.
Su llamado sin embargo no prosperará mientras la parte mexicana se envuelva en la bandera y continúe atribuyendo las críticas a su “estrategia” de “abrazos, no balazos” a una “conservadora politiquería…”.
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