Eso explica la solidaridad con la protesta y resistencia manifestada ya por más de 250 instituciones de enseñanza superior de México y el mundo
Remendar leyes y ordenamientos después de violarlos para “legitimar” sus atropellos es el sello de la 4T, y una de sus empoderadas devotas, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (la enemiga de lo que llama “ciencia neoliberal”), María Elena Álvarez-Buylla, se propone imponer mañana una ominosa reforma al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con el propósito de acallar a la comunidad académica y anularle sus facultades.
El presidente suplente de la Asamblea General de Asociados del Consejo, José Alejandro Díaz Méndez, convocó a sus miembros a participar en una videoconferencia este viernes, a las nueve de la mañana, para que aprueben lo que, en castellano simple, constituye un puntillazo letal a la institución cuyo alumnado mantiene tomadas las instalaciones en demanda de diálogo y protesta por la imposición de un ofensivo director que se ganó el repudio general de los trabajadores, estudiantes, profesores e investigadores.
Además del Conacyt, los asociados son: las secretarías federales de Educación, Hacienda, Energía y Economía, así como el Fondo de Cultura Económica, el Colegio y el Banco de México, entidades encabezadas por incondicionales y/o afines (Banxico) al presidente de la República.
Por ser aviesamente ilegal esta variante del “viólese la ley, después la parchamos”, la pretensión de Álvarez-Buylla será combatida en tribunales con el recurso de amparo, como ha ocurrido ante la imposición del director, los despidos injustificados y las violaciones a la normatividad vigente (al menos en teoría y hasta hoy).
La aprobación de la vertical “propuesta” (burlonamente presentada como “nueva política” de Ciencia, Tecnología e Innovación en busca de su “democratización estructural y operativa” con “armonía de los cuerpos normativos” que “tenga por resultado una apreciación horizontal entre las funciones”) no solo matará al CIDE sino perfila la chatarrización de todas las instituciones de enseñanza pública por la facilidad con que el gobierno puede intervenirlas. Con las modificaciones, el Consejo Directivo solo tomará conocimiento, pero no podrá votar en el proceso de designación del director general, y se abre la puerta para que el segundo puesto en importancia, la Secretaría General, puedan ocuparla académicos ajenos al CIDE. Se quiere pervertir las facultades del Consejo Académico –máxima instancia interna de decisiones tales como aprobar estatutos, reglamentos, programas docentes y apelaciones– para que solo pueda “conocer y opinar” sobre actividades esenciales en la institución.
Para los cideítas, este atraco leguleyo delata una peligrosa guerra contra el conocimiento en un intento demencial por imponer “el pensamiento único” que se propone la facción a cargo de los nuevos cuadros de Morena.
Eso explica la solidaridad con la protesta y resistencia manifestada ya por más de 250 instituciones de enseñanza superior de México y el mundo…
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