Los corrosivos “hallazgos” del GIEI

Sin variantes esenciales, son tres los informes que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha rendido sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

De su lectura y declaraciones lo único verificable es la siembra de insidiosas sospechas, la negación a ultranza de la “verdad histórica” y su rotundo fracaso en la búsqueda de otra que lave la cara de sus integrantes.

Aunque el crimen se cometió hace poco más de siete años y medio, el GIEI no se ha ocupado ese mismo tiempo en el asunto porque sus actuaciones fueron convenidas a plazo fijo: dos veces en el peñato, de marzo de 2015 y con refrendo en abril de 2016 por algo menos de dos años en total, y la concertada con la 4T en mayo de 2020, prevista para concluir en nueve meses y prolongada hasta finales de marzo del 22 (quizás por la pandemia).

Tan jaladas de los pelos como las incontables “líneas de investigación” que el equipo ha sugerido, o sus ominosas exculpaciones de los asesinos porque sus confesiones fueron obtenidas mediante reales y supuestas torturas, son sus empeños por colgarles al Ejército y a la Marina la autoría, coautoría o, de perdida, la complicidad en lo que desde un principio prejuzgó como “crimen de Estado”.

En la proporción debida, al GIEI cabe concederle que el Estado mexicano tiene responsabilidad, en cuanto que fueron copartícipes del crimen los policías municipales (o sea constitucionales) que levantaron a las víctimas para entregarlas a una organización de narcotraficantes homicidas.

Pero su objetivo no ha sido contribuir al esclarecimiento del caso, sino politizarlo. La perversidad se desparrama en los “hallazgos” de que se ufana:

–No hubo fogata (ni por lo tanto quema de cuerpos) en el basurero de Cocula.

–Simulaciones de telefonemas que nunca ocurrieron.

–Llamadas anónimas reportadas pero inexistentes.

–Constancias de llamadas telefónicas ficticias por parte de “funcionarios” de la PGR.

–Se simularon fechas en capturas de detenidos.

–Suplantación de aprehendidos.

–Lugares y fechas de capturas que se simularon porque se ejecutaron en otros momentos.

–Reportes policiacos falsos.

–Alteración de bitácoras de policías.

–Se modificaron los números de las patrullas.

–Diseminación, alteración y destrucción de evidencias.

Adicionalmente intrigan: 22 personas que pudieron tener información han muerto, solo dos por muerte natural y uno con 21 disparos “en un operativo policial”.

Para concederle crédito al GIEI debió haber una conspiración interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

Tan venenosa idea la destila el “experto” Francisco Cox en este gimoteo: –“Nos hubiese gustado en este tercer informe dar a conocer el destino de los 43 estudiantes”.

–A confesión de incompetencia, relevo de pruebas: “No hemos podido…”.

–Coartada global: “Esto se debe a la destrucción de evidencias, su ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas que impide saberlo…”. Sí, Chucha. ¿Y el motivo…?