La falsa coartada del “humanismo”

Tratando de justificar el atentado al estado de Derecho que constituyen las iniciativas de reformas para dinamitar el Poder Judicial y los organismos autónomos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ofreció ayer un sinsentido: “la llegada del humanismo a la Constitución”.

Si eso cree, ignora o desdeña que la vigente mandata desde su primer y principal artículo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales (…), así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse (…). Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades (…) tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, (…).Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…

De ser eso contrario al humanismo, habría que aceptar la baladronada de que se quiere “dejar en claro al mundo que, en México, el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y estará en la Constitución para demostrar que la cuarta transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica”.

Alcalde también afirmó que “hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con excepciones; se trastocó así el sentido social de la propia Constitución”.

¿De veras?

¿Acaso los monopolios Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, los bancos estatizados por López Portillo y ahora el Tren Maya, la renacida Mexicana de Aviación o los servicios turísticos, puertos y aeropuertos confiados a las fuerzas armadas fueron iniciativa original y son propiedad “del pueblo”?

Lo único cierto es que la 4T no tolera contrapesos. Quiere engullírselos y endosar las funciones del INAI a la oficializada y degradada CNDH, descuartizar el INE y eliminar las instituciones que velan por la libre competencia y el abaratamiento de los servicios, y lo más grave: tener un Poder Judicial sumiso, politizado y faccioso.

A tiempo y certero, el satanizado ministro Alberto Pérez Dayán alertó:

“Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie…”.