El “contubernio” con el narcotráfico a que se refirió Porfirio Muñoz Ledo no significa que haya un acuerdo, un pacto escrito o explícito entre las organizaciones criminales y el gobierno de la 4T, pero es indiscutible que lo hay de manera implícita porque cohabitan, viven en ayuntamiento, como lo demuestra el resultado de la consigna presidencial “abrazos, no balazos”, que se traduce en la pasividad federal en la persecución de los delitos y el crecimiento exponencial de la violencia y la mortandad que en tres años y medio han superado las cifras de los sexenios completos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No es ni podría serlo un acuerdo entre las bandas y el gobierno, toda vez que habría que “arreglarse” con al menos 150 jefes de organizaciones delincuenciales (de las que una veintena tienen mayor presencia o impacto).

Lo más aproximado a un arreglo formal entre criminales y la Federación lo intentó el inexplicable y corrosivo (ex) subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien a mediados de 2020 encabezó reuniones en La Huacana, Michoacán, con narcoautodefensas, y en Ciudad Hidalgo, Tamaulipas, con los narcoparamilitares de la Columna Armada Pedro J. Méndez (a pesar de que se le previno que sus anfitriones contaban con órdenes de aprehensión de las fiscalías del estado y de la República). Más allá de lo evidente, sobrecogen las reacciones tanto del presidente López Obrador como de sus achichincles y devotos, pues a falta de argumentos en contrario lanzaron contra Muñoz Ledo la ruin acusación de que es anciano (tiene 89 años).

Será “por la edad”, se atrevieron a decir, dándoles un miserable llegue discriminatorio a todos los viejitos, empezando por los del longevo gabinete de López Obrador.

Les faltan el respeto a todos los que la 4T pretende honrar mediante el centaveo, pero se ensañan contra el más calificado político de Morena, a cuya reconocida inteligencia deben en gran medida sus carreras y botines de poder.

El escarceo de la 4T con las organizaciones criminales empezó con el temprano y abortado intento de amnistía, cuando las familias de los asesinados y desaparecidos impusieron en absurdos foros su indignación y exigencia de justicia. Uno de los ejemplos más infames de las ganas de quedar bien con la narcodelincuencia ha sido la liberación de los asesinos de Los 43 de Ayotzinapa con la operación abrazos que instrumenta la fiscalía especial del caso con el alcahueteo de la Secretaría de Gobernación y la chatarrizada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, empeñados en la persecución de los ex servidores públicos que esclarecieron ese crimen.

Tan grave como este pacto virtual está siendo la deshonra de las fuerzas armadas, con sus tropas obligadas a apechugar todo tipo de humillaciones a manos de criminales tan consentidos que, como dijo el Presidente, también se les cuida (“porque son humanos”) cuando, en todo caso, debieran estar bajo el cuidado de sus custodios en las cárceles…