También por no haber consultado lo hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la de Rosario Piedra
El presidente López Obrador planteó ya la posibilidad de emprender acciones penales contra el ex fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, por no haber exhibido en tribunales los Protocolos de Estambul comprobatorios de que los inculpados por la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, liberados indebidamente, no fueron torturados.
También por no haber consultado lo hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la de Rosario Piedra.
Hecha la mañana del reciente jueves, la declaración entraña perversidades y paradojas:
La decisión de no exhibir pruebas inculpatorias ni los protocolos de la CNDH de homicidas confesos que después alegaron “tortura” fue consensuada desde la Presidencia de la República hasta Gómez Trejo, pasando por el titular de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y demás detractores de la verdad histórica: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los centros Miguel Agustín Pro y Tlachinollan, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Actuaron en contubernio sobre la idea de que patalear en los tribunales no era conveniente para la verdad alternativa que, sin éxito, se quiso fabricar.
Exhibir los protocolos de la CNDH que presidió Luis Raúl González Pérez a través de la Oficina Especial que dirigió José Larrieta implicaba que los inculpados no fueron torturados y, por tanto, sus confesiones sobre el basurero de Cocula y el río San Juan tenían primordial valor probatorio.
Significaba convalidar la versión del ex procurador Jesús Murillo Karam y que confirmó aquella respetable CNDH.
AMLO se va contra el ex achichincle del GIEI, el nefasto Gómez Trejo, con esquemas de los que él mismo formó parte.
¿Estrategia para exonerar y proteger a Alejandro Encinas?
Tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador pecaron de ingenuidad: en aras de la “transparencia”, desplazaron a la instancia constitucional, la PGR, y entregaron la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al GIEI por consejo de charlatanes “derechohumanistas”.
Y peor le fue a la 4t, porque le permitió al corrosivo GIEI imponer el nombramiento de Gómez Trejo como fiscal especial.
A los dos gobiernos les salió el tiro por la culata, retorcieron el asunto y descalificaron las investigaciones que encabezó Murillo.
Después, en la era lopezobradorista, se llevó a la cárcel a Murillo, quien consintió la intromisión del GIEI.
No solo: propiciaron la liberación indebida de más de 50 homicidas.
Para colmo, con el respaldo del subsecretario Encinas, el GIEI y Gómez Trejo convirtieron a los delincuentes en testigos protegidos para perseguir a ex servidores públicos que, haiga sido como haiga sido, concluyeron lo mismo que AMLO: a los normalistas los asesinaron delincuentes “coludidos con autoridades locales de Guerrero…”.
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