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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, cometió el error de entrometerse en el pleito de particulares que se disputan la Fundación Mary Street Jenkins y autorizar que su policía tomara las instalaciones de la Universidad de Las Américas para destituir al rector Luis Ernesto Derbez e imponer a su amigo (ex correligionario en el PRD) Armando Ríos Piter.

Sin que los tribunales hayan llegado a una resolución definitiva, el mandatario tomó partido por quienes desconocen el patronato cuyo manejo trae de la greña a los herederos la institución creada por el controvertido William Jenkins.

El problema, por lo pronto, afectó ya no solo las clases de sus 10 mil estudiantes, sino el merecido prestigio que la UDLAP (sita en San Andrés Cholula) viene ganando entre las universidades privadas del país y que es clasificada como Institución de Nivel VI, en la Southern Association of Colleges and Schools-Commission on Colleges, lo que significa el máximo reconocimiento (la acreditación demuestra que la universidad tiene un firme compromiso con la calidad educativa y está soportada con los mejores procesos de aprendizaje, evaluación, mejora continua y con valores de integridad, transparencia y rendición de cuentas). La bochornosa crisis la atrapa en el proceso de reafirmación en ese organismo para el período 2015-2025 para los grados de doctorado, maestría y licenciatura.

Por eso importa mucho el manifiesto que difundieron ayer académicos, autoridades universitarias (en funciones o del pasado,) exalumnos y personalidades en “apoyo a la legalidad, en defensa de la UDLAP, pero también de otras instituciones que pudieran ser amenazadas”.

Entre quienes lo suscriben figuran eminencias como mi compañero de páginas Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Julio Frenk, ex secretario federal de Salud y rector de la Universidad de Florida; Jaime Sepúlveda, Director Ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global; el abogado Luis de la Barreda; el politólogo Federico Reyes Heroles; el ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga de 1968, Gilberto Guevara Niebla; la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar; el ex subsecretario de Hacienda y ex director del IMSS Julio Levi, y el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE), José Woldenberg.

Denuncian: “La UDLAP ha sido sujeta a una gravísima violación de la legalidad y a una apropiación vandálica por parte de la policía estatal. La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla, controlada por el gobierno del estado, ha tratado de imponer a un Patronato y a un Rector espurios con el pretexto del conflicto interno del patronato que está en curso…”.

Compañero en MILENIO, Barbosa no debió subrayar su interés personal al reconocer públicamente que Ríos Piter es su amigo. Está obligado a mantenerse al margen, así como de aguardar y respetar lo que el Poder Judicial resuelva.