En contraste, los cuatro mil 500 millones de la operación atribuida a Ruffo y la ganancias para éste se antojan ínfima morralla
Algo chírria en la Fiscalía General de la República cuando pretende hacer creer sobre Ernesto Ruffo Appel:
Según la imputación, el ex gobernador de Baja California encabeza una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, responsable de operaciones por alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos.
¿Y cuánto habría ganado el supuesto capo?: 18 millones y medio.Difícil imaginar que el emblemático primer opositor que arrebató al
PRI una gubernatura en el siglo pasado haya decidido, ya septuagenario, jugar su respetabilidad, libertad, y lo que le resta de vida para encabezar una gigantesca empresa delincuencial y recibir, como botín menos de medio punto porcentual de las utilidades del negocio que supuestamente comandaba.
Los 18.5 millones equivalen aproximadamente a cuatro pesos por cada mil de los cuatro mil 500 millones involucrados, o sea: una miseria para semejante “capo”. El botín apenas le alcanzaría para comprar en Tijuana tres o quizá cuatro departamentos de mediano pelo. Singular recompensa para quien, según la FGR, dirigió “una organización criminal con dominio funcional del hecho” que, como accionista de la empresa Ingemar, se benefició de transferencias por esa ridícula cantidad.
Por supuesto que la cifra, de ser mal habida, bastaría para configurar delitos y someter a proceso penal a cualquier malandrín, pero en el caso Ruffo el problema no es la cantidad, sino la incongruencia entre el monto de la presunta utilidad y el papel estelar que la fiscalía pretende adjudicarle.
La canallada es mayor si las acusaciones se comparan con el mayor contrabando de combustible de que se tenga memoria: el del huachicol fiscal, transportado en buquetanques como los asegurados en marzo de 2025 con millones y millones de litros no reportados que representaron alrededor de 600 mil millones de pesos tan solo en evasión de impuestos. Puertos y aduanas vulnerados, pipas, empresas de transporte, gasolineras, funcionarios y mandos públicos en una maquinaria que deja chiquita a la que se le atribuye a Ruffo.
En contraste, los cuatro mil 500 millones de la operación atribuida a Ruffo y la ganancias para éste se antojan ínfima morralla.
La FGR deberá probar algo mucho más importante que la existencia de transferencias hacia Ingemar, la empresa de la que Ruffo es accionista minoritario: demostrar que conocía el contrabando, que participaba deliberadamente en él y que efectivamente dirigía la organización criminal porque, entre tanto, la colosal acusación admite otra lectura: Ruffo tiene un valor político infinitamente superior a los 18 millones y medio que supuestamente obtuvo de manera ilícita.
Capturarlo y exhibirlo como ruin huachicolero produce una rentabilidad propagandística formidable que se le puede revertir al morenato, precisamente cuando el huachicol fiscal de dimensiones, colosales y las acusaciones, indicios y señalamientos ha colocado bajo sospecha a personajes, funcionarios y estructuras del primer primero y segundo piso de la 4t.
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@CarlosMarin_soy
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