De alfileres pende la “nueva verdad”

Conmueven los colosales esfuerzos del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, por sacudirse las críticas desatadas por su pre-narrativa (“informe preliminar”, le llamó el jueves 18 de agosto), debido a que resultó esencialmente coincidente con la “verdad histórica”: los normalistas fueron levantados por policías municipales para entregarlos a sus narcovictimarios.

Tanta preocupación causó el inverosímil reporte que el presidente López Obrador le ordenó repetir la dosis, pero recargada, en la mañanera del viernes 26 de agosto.

Para distinguir su tesis de lo que había ya referido, Encinas intentó acentuar el énfasis con un agregado sensacionalista y carente de sustento, dando un salto al vacío con la escandalosa acusación de que presuntamente el entonces coronel a cargo del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez (hoy general brigadier), ordenó la ejecución de seis de Los 43, sin transparentar, como corresponde en una imputación de tal trascendencia, los indicios o mejor: las pruebas de la misma.

Fuera de ello, sus diferencias con la “verdad histórica” las ha cifrado en puntos periféricos aunque no por ello intrascendentes, que deliberadamente quiere minimizar para no comprometerse a ahondar en el real “móvil” de las agresiones que involucra a líderes normalistas incorporados a las estructuras de la 4T: Omar García (usaba también otros nombres), diputado federal por Morena, y David Flores Maldonado, La Parka, director de área en la Secretaría de Educación, ligado con la organización criminal de Los Rojos (enemiga de Guerreros Unidos y para nada investigada por la comisión de falsas verdades y evidentes injusticias).

Entre otros aspectos del entorno de claves del caso con los que el subsecretario pretende distinguirse de Jesús Murillo Karam, presume haber precisado la razón del viaje de los normalistas a Iguala y dilucidado la “autoría intelectual” de los hechos: los jóvenes, “descubre”, fueron a esa ciudad para “secuestrar” autobuses que utilizarían para ir a la capital del país a la conmemoración del 2 de octubre.

Ufano, asegura que no es cierto, como según él afirmó la Procuraduría General de la República, que los normalistas acudieron a Iguala para irrumpir en el acto político que María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal José Luis Abarca, celebraba.

Vieja y sabida verdad: lo había determinado la Comisión de los Derechos Humanos desde noviembre de 2018. Lo falso es que la PGR haya llegado a esa conclusión, lo que prueba que ni el subsecretario ni sus colaboradores ni el fiscal especial han leído –o no entienden– la serie de informes que el Ministerio Público federal dio sobre ese mismo punto que la CNDH pidió se aclarara y nunca ocurrió.

Las versiones que dio fueron: a) que los estudiantes habían ido “a botear”; b) a interrumpir el mitin, y c), como repite Encinas, a “secuestrar autobuses”. Los enredos y mescolanzas de antes y hoy requieren verse con lupa en próximos textos…