Cinco manos en el ecocidio

Para efectos judiciales y la previsible secuela ministerial con probables consecuencias administrativas y penales, la conducta de instancias federales de la 4T frente a las obras del Tren Maya reúne abundantes elementos de una acción concertada. Conspiraron para que el servicio se inaugure en diciembre de 2023 aunque implique la devastación de áreas como la del Tramo Cinco (paralelo a la costa entre Playa del Carmen y Tulum) y daños irreparables a la reserva natural de Río Secreto.

Por eso el juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva (que sigue siendo litigable) del amparo solicitado por ambientalistas y ordenó la suspensión de los trabajos.

Las maniobras en las siete secciones del trazo comenzaron sin la manifestación de impacto ambiental a que obligan las leyes, pero continuaron gracias al decreto presidencial que acomodó el tren entre las obras “de interés público y “seguridad nacional”.

Fue hasta el reciente 17 de mayo cuando el Fondo Nacional de Turismo presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “para su evaluación”, la MIA, que tardía y mañosamente pergeñó el Instituto de Ecología del (antineoliberal) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en una edición extraordinaria de su Gaceta Ecológica, la Semarnat se aventó la esquizoide fregadera de afirmar que el tramo es viable, pese a sus potenciales impactos durante la etapa de construcción, y sueña con que podrán ser mitigados en la etapa de operación.

Sobre la posibilidad de un accidente, advirtió que de no tomarse las medidas de seguridad en los cruces de superficie “puede haber accidentes con consecuencias mortales…”.

También que, sin correcto mantenimiento preventivo de las vías y los vagones, puede ocurrir un descarrilamiento…

Reconoce además que “existen gran cantidad (sic) de dolinas, cenotes, microcúpulas kársticas, lagunas y llanuras de inundación, con dimensiones de metros y hasta kilómetros, presentando formas circulares, alargadas e irregulares” y “una conexión entre las descargas en la zona de la costa y el impacto producido por actividad antropogénica, por lo que es indispensable proponer medidas de mitigación al ecosistema de “cenotes, descargas de agua en la playa y en las lagunas”, y verificar el balance hídrico local, para minimizar la alteración de los escurrimientos superficiales, reducir las áreas de infiltración y revisar el manejo de aguas residuales y otros contaminantes.

Nada que evite sino solo atempere el avisorable desastre, porque los impactos son adversos, pero “no significativos”, pese a que, en un suelo frágil y poroso, el polémico tren cruzará por selva virgen sobre un delicado sistema de cuevas, cavernas y cenotes que abastecen de agua dulce al preciado Gran Acuífero Maya.

Contra toda lógica, entonces, la Semarnat aprobó, sin bases y a destiempo, la continuación de las obras. Su alcahueta negligencia explica la firmeza con que el juez Adrián Novelo concedió el amparo definitivo y parara la obra…