El mismo viernes, el Pro tuiteó: Es riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma
Las conversaciones entre policías de Iguala y el líder de Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, interceptadas hace siete años por el Ejército (unas horas antes de que los normalistas de Ayotzinapa fueran victimados) hacen polvo las patrañas que desde entonces esgrimen el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los centros Tlachinollan y Pro de Derechos Humanos, la comisión de la verdad y la fiscalía especial de la 4T, para quedar una única certeza: Los 43 fueron asesinados por esa narcobanda y por nadie más.
El mérito de la revelación que confirma lo ya sabido es del presidente López Obrador, único que podía ordenar hacer público uno de los secretos que atesora la Secretaría de la Defensa Nacional por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Según la transcripción, fueron 38 los estudiantes que el segundo comandante de Iguala, Francisco Salgado Valladares, calculó antes de entregárselos en grupos de 21 y 17 al Cabo Gil, el sanguinario asesino (en su celular guardaba fotos de descuartizamientos) capturado por la extinta Policía Federal el 17 de septiembre de 2015 y que el 3 de septiembre de 2019 quedó en libertad porque un juez desestimó un tercio de las pruebas que presentó la desaparecida PGR. Entre sus coartadas,
El Gil alegó haber sido “torturado” y su versión fue apoyada por los detractores de la “verdad histórica”. Para colmo y vergüenza de la llamada cuarta transformación, el asesino es hoy testigo protegido, con el pseudónimo Juan, de la inservible fiscalía especial. De los alcahuetes resaltan el centro Pro y el GIEI, quienes brincaron histéricos para manifestar su enfático rechazo a la publicación de los nuevos-viejos reportes.
El mismo viernes, el Pro tuiteó: Es riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma.
Como integrantes de la #COVAJ no participamos de la decisión (¡obvio: no son el Presidente!) de publicar así los documentos. Se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 (…). Dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder. Ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas.
Ajá: ¡pues el Ejército! Y por el GIEI, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz tuvieron la desfachatez de pedir a la comisión de la verdad no “continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”… que en realidad andan sueltos. Chillan porque les quitaron el andamio y quedaron colgados de la brocha: insidiosos, impulsaban la mentira de que a los muchachos los había matado el Ejército.
Ya quedaron encuerados: el “crimen de Estado” que quisieron fabricar usando como títeres al fiscal especial y a la subsecretaría de Gobernación para culpar al Ejército los exhibió como lo que son: vividores del dolor ajeno.
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