Conacyt: la vileza ‘es de los medios’

Cuatro hechos explican la estulta imputación de delincuencia organizada con que la Fiscalía General de la República pretende que 31 científicos vayan a la cárcel de alta seguridad del Altiplano: a) el pitorreo que generó entre investigadores y académicos el sorprendente disparate de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, al afirmar que fue “inútil” la llegada del hombre a la Luna; b) la inconformidad ante el Poder Judicial de sus ahora perseguidos por los recortes “juaristas” a la asociación civil Foro Consultivo, Científico y Tecnológico; c) el rechazo de sus integrantes a que el doctor Alejandro Gertz Manero fuera admitido en el Nivel Tres del Sistema Nacional de Investigadores, y d) su abierta discrepancia con Álvarez-Buylla por haberlo admitido.

Agraviados y unificados por el rencor, la señora (ignorante de que los microchips que hoy son comunes en la telefonía celular se derivan de los circuitos integrados de la computadora de navegación del Apolo 11) le puso al fiscal el balón de una investigación interna. Gertz Manero falló dos oportunidades de chutarlo con las negativas judiciales a sus peticiones de órdenes de aprehensión, pero se alista para patear otra vez con la esperanza de meter gol.

Pese a la repulsa generalizada en el mundo del conocimiento ilustrado y científico a lo que hiede a venganza, y contra la indignada condena del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, por la extrema acusación de delincuencia organizada, no faltan cuatroteístas con iniciativa que quieren ampliar la escandalosa persecución: el senador morenista por Coahuila Armando Guadiana (empresario minero de sombrero tejano y tupido bigote) propone que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hurgue en todas las universidades públicas y centros de investigación. Por fortuna Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, lo paró en seco: para quien le pregunte, dijo, “estoy del lado de la UNAM, de los científicos y de la justicia”.

Y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el cargo “delincuencia organizada” le parece cuando menos “un exceso”.

Más allá de los probables delitos (peculado por ejemplo) que todos o algunos de los asediados hubiesen cometido, lo desproporcionado de una acusación aplicable a sanguinarios capos del narcotráfico y otros crímenes mayores, el meollo jurídico está en la interpretación de si el Foro podía o no disponer de recursos públicos.

Sin embargo, lo que delata canallescos motivos de la pinza contra los perseguidos se lee en el comunicado que el Conacyt difundió antier, expresando “su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales (…).

Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”. No, señora María Elena: lo terrorífico es la conspiración inquisitorial de dos instituciones auto-demeritadas del gobierno mexicano.