La situación es insólita, ya que por primera vez en la historia se cierne la amenaza de imponer una ministra designada de modo directo y sin el respaldo de al menos dos tercios de los senadores
El presidente López Obrador sabe bien que la terna que envió al Senado para designar a la sustituta del ministro Arturo Zaldívar es intransitable.
No se trata de una propuesta republicana, sino de una provocación abierta, porque sus candidatas no reúnen los requisitos de trayectoria judicial y solidez profesional que hasta ahora han imperado en la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia.
De prosperar la maniobra, con la Corte sucederá lo mismo que con la CNDH: se chatarrizará.
A López Obrador no le interesa un tribunal que haga valer la Constitución (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”), sino un Poder Judicial abyecto que apoye cuantas ilegalidades promueva y apoyen sus mayorías en el Congreso volviéndolas “ley”.
Esta vez ni siquiera recurre a una finta para buscar adhesiones distintas a las de Morena y sus aliados (Verde y PT) que le funcionan como oficialía de partes y no como instancias de deliberación legislativa.
Lo que la propuesta delata es la intención de propiciar el rechazo para presentar otra que tampoco alcance la mayoría calificada y poder designar a quien le dé la gana y no le salga “conservadora” (como llama a dos de los cuatro ministros que ha propuesto y dice que resultaron “traidores”).
Lo que AMLO busca es colocar en el pleno a una incondicional que valide las leyes que se le antojen sin importar si se apegan a la Constitución que protestó cumplir.
Si bien el Presidente actúa dentro de las formalidades legales, lo hace torciendo el espíritu del artículo 96 de la Constitución que faculta el envío de una terna para que los senadores elijan al mejor prospecto (de manera implícita, el procedimiento permite activar incentivos de negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de que a la Corte lleguen ministros indiscutiblemente calificados).
Ahora es evidente que el mandatario utiliza los recursos legales para ganar espacios de validación política a su idea de país, no importándole si esto se apega a la Constitución.
La situación es insólita, ya que por primera vez en la historia se cierne la amenaza de imponer una ministra designada de modo directo y sin el respaldo de al menos dos tercios de los senadores.
Poco probable, pero puede ocurrir que los partidos de oposición busquen respaldar a la opción “menos mala” o con menor influencia partidista, lo cual es ilusorio dada la probada militancia en el lopezobradorismo de la consejera del Ejecutivo María Estela de los Ríos (lo fue de AMLO en el gobierno de la capital), Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján, hermanas estas últimas del actual jefe de Gobierno y la secretaria de Gobernación, respectivamente.
La propuesta, en suma, delata un endurecimiento mayor en el afán de López Obrador por debilitar al Poder Judicial, legislando también para que los ministros sean electos por voto popular y trabajen para una cuarta transformación que consiste en la concentración de los tres Poderes en uno solo…
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