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El desprecio del oficialismo por la legalidad vuelve a exhibirse, ahora en la persecución a Rodrigo de la Peza, juez noveno de distrito en materia administrativa promovida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La falta, error o delito que quizá cometió el perseguido fue ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designar a los dos magistrados que le faltan para completar los siete que debe tener, porque viene operando con cinco y para calificar una elección presidencial, como tendrá que hacerlo con la de Claudia Sheinbaum, se requieren seis.

Antier, la próxima presidenta y ayer el actual aplaudieron la sañosa idea de someter al juzgador a un juicio político (que podría terminar en sanciones administrativas o penales).

La amenaza partió del Tribunal, quien lo acusa de invadir sus atribuciones exclusivas, y de pilón demanda se le instruya juicio político.

Al linchamiento se sumó la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde:

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“Solicitaremos su juicio político por violar la Constitución; es evidente que actúa por consigna…”.

Claudia Sheinbaum lo definió como “un juez que ya antes había actuado en contra de decisiones del Poder Legislativo, es decir, un juez que actúa políticamente. No tendría por qué un juez de amparo, un juez de circuito (sic: es de distrito), opinar sobre el tema electoral. Está fuera de la Constitución”.

AMLO dio el puntillazo:

“Sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución, o sea, no le corresponde (…). Están al servicio de intereses facciosos y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo. Tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación”.

¿La Constitución cabrá o no en aquello de “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”?

Pasan por alto que se trata de una medida cautelar, factible de combatirse sin saña y sin histeria.

Lo que De la Peza resolvió nada tiene que ver con las elecciones, pero sí con la administración pública, en este caso la insuficiencia de integrantes del pleno del Tribunal.

¿Desconocen que las demandas de amparo son juicios de derechos humanos? Éste apenas comienza y hay recursos ordinarios como presentar una queja contra una medida provisional y hasta una definitiva.

En ambos escenarios puede intervenir un Tribunal Colegiado (jerárquicamente superior al juez De la Peza) y revocar su decisión.

Que Sheinbaum y López Obrador ignoren que hay procedimientos legales mucho más lógicos y próximos (o menos extremos y remotos) puede entenderse, porque no estudiaron Derecho.

Lo incomprensible es que el Tribunal Electoral y la abogada Luisa María Alcalde azucen un inimaginable juicio político.

Debieran saber que antes de pudrirle la vida a De la Peza el Congreso tendría que desahogar más de 100 solicitudes de juicio político pendientes, y que además tendría que hacerlo por prelatura, es decir, en el orden en que fueron amorcillándose…