¿Calladitos… nos vemos más democráticos?

No sé qué piensen ustedes, estimados amigos, pero este 2025 quizá quede registrado como uno de los años más tristes en materia de libertad de expresión.

Si usted es partidario de la 4T, tal vez me diga que en este régimen no se encarcela a periodistas, que todos pueden decir lo que sea. Y sí, hasta ahora no hay reportes de comunicadores encarcelados… pero se han usado otras estrategias para doblegarlos o hacerlos cambiar de opinión.

Durante el gobierno de AMLO, por ejemplo, se golpeaba su credibilidad —uno de los pilares sobre los que un periodista construye su carrera— y se exhibían sus datos personales en las mañaneras, con consecuencias nada menores.

Lo preocupante es que este 2025 se han aprobado leyes, tanto a nivel local como federal, que podrían ponerle más candados al debate público. Usando conceptos como “seguridad nacional” o “ciberacoso”, como en el caso de la Ley de Ciberseguridad de Puebla, los dichos de comunicadores y ciudadanos pueden convertirse en blanco de sanción.

Aún más delicado: se ha comenzado a usar la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género como una herramienta para silenciar —o al menos desprestigiar— a críticos incómodos.

Hasta las seis de la tarde del 28 de julio, el INE reportaba 522 personas sancionadas por este delito, 60 de ellas son periodistas.

Pero esto ya no se limita a comunicadores. También ha alcanzado a ciudadanos comunes, como Karla María Estrella, sonorense sancionada por el Tribunal Electoral, debido a un comentario crítico en redes (X, antes Twitter) dirigido a una diputada. Una ciudadana cualquiera, cuestionando a una funcionaria. ¿Eso ya es delito?

En este collar de perlas contra la libertad de expresión, hay tres casos que acapararon reflectores:

Héctor de Mauleón, periodista, fue obligado a retirar una columna sobre una candidata judicial. Se negó, argumentando que hacerlo sentaría un precedente peligroso de autocensura. El caso sigue en litigio.

José Luis González Valdez, periodista de Campeche, fue sancionado con la imposición de un censor que debe revisar su trabajo antes de publicarse. Lo mismo aplica para el medio donde colabora, todo por criticar a la gobernadora.

Acapulco Trends y su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, fueron sancionados tras una denuncia de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien los acusó de violencia política de género. ¿El motivo? Una investigación periodística que vinculaba el presunto desvío de 898 millones de pesos —detectado por la Auditoría Superior del Estado— con el mal manejo de recursos tras el huracán Otis.

¿Así o más claro?

Estas son algunas muestras de los límites que se están poniendo al ejercicio del periodismo y la crítica pública.
Será que el régimen piensa que calladitos nos vemos más democráticos.

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