Cada quien su masacre

Quisiera señalar que desde el 1 de diciembre del 2018 como Procurador General de la República y, posteriormente, desde el 18 de enero del 2019 cuando fue nominado por el presidente López Obrador Fiscal General de la República y aprobado su nombramiento por el Senado, jamás había visto tan activo, como en los últimos días, a don Alejandro Gertz Manero, a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre, el rancho del terror. Si Murillo Karam tardó 51 días en encontrar la “verdad histórica” en Ayotzinapa, a Gertz Manero le bastaron dos para acabar con cualquier vestigio de ella. Además sin cansarse.

La figura de Gertz Manero surgió de entre las tinieblas, el polvo y el olvido para hacerse visible en los primeros días de marzo a raíz de los hallazgos realizados en el precitado rancho situado en Teuchitlán, Jalisco, a 65 kilómetros de Guadalajara, donde el grupo de madres y padres de desaparecidos, denominado “Guerreros Buscadores”, encontró montones de ropa, cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala, juguetes y hasta cartas de despedida. Se supone que el rancho, en aparente estado de abandono, fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, no sólo para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a su organización criminal, sino también para exterminar a aquellos que mostraran debilidad y/o impericia.

Según la fiscalía jalisciense, el rancho Izaguirre fue descubierto en septiembre del 2024 mediante un operativo de la Guardia Nacional que tuvo como resultado la aprehensión de 10 individuos, se liberaron a dos personas secuestradas y se encontró un muerto. Esto ha sido motivo de reproche para el gobierno de Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, quien gobernara Jalisco hasta el día 5 de diciembre del 2024.

Como siempre sucede en casos semejantes, los partidos políticos aprovechan las circunstancias para llevar agua a su molino. Movimiento Ciudadano quien lleva dos gubernaturas al hilo en Jalisco, dice que la responsabilidad de la existencia del rancho del terror es incumbencia del gobierno federal; por lo tanto corresponde a Morena y al expresidente López Obrador el incumplimiento de la ley al permitir este campo de reclutamiento y de posible exterminio.

Puesta en evidencia esta circunstancia, el PAN y el PRI se lanzaron cual jauría tras del zorro en contra del oficialismo como si ellos, en los tiempos que les tocó gobernar, hubieran salido incólumes.

Entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto del 2010, ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, una de las mayores matanzas cometidas en México. Setenta y dos migrantes procedentes de seis países: Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras e India fueron masacrados inmisericordemente, supuestamente por el Cártel de los Zetas. Pese a su magnitud, el gobierno mexicano encabezado por el panista, Felipe Calderón, jamás investigó a fondo sobre la participación en la masacre de las estructuras jerárquicas del Estado y del crimen organizado. Hasta la fecha el hecho cayó en los terrenos del Monje Loco, nadie sabe, nadie supo.

La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, siendo Presidente de la República, el priista, Enrique Peña Nieto, las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, así como la policía estatal de Guerrero y elementos de Ejército Mexicano y de la Armada atacaron y desaparecieron a 43 estudiantes de la “Normal Rural Isidro Burgos”, situada en Ayotzinapa, Guerrero. Sin que hasta la fecha haya culpables. Al pergeñar estas líneas me entero que la FGR a citado a declarar a Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero cuando se suscitó el pavoroso caso.

Basta esta pequeña y recatada reseña para concluir que a los políticos de todas las tendencias y sus partidos sólo les interesa el poder. Aprovechan cualquier desacierto del contrario para sacar raja para su causa. La política es un torneo de hipocresías y vilezas, cuyo premio apesta.

Punto final

Abrumado por la mala suerte, se tiró al vacío y estaba lleno.