¿Cacería de brujas en la APF?

La Cuarta Transformación ha reñido con los empresarios, académicos, ONG y medios informativos que consideró aliados del viejo régimen. Empero, con los trabajadores al servicio del Estado —ya sean médicos, petroleros, docentes o empleados federales— mantuvo incólumes los contratos colectivos de trabajo. La reforma laboral en ciernes, pero sobre todo los recursos disponibles, impedían los despidos y las liquidaciones originalmente proyectadas.

Hubo también otro fenómeno no dimensionado: el personal de confianza y contratado por honorarios quiso quedarse a trabajar con el nuevo gobierno… no obstante su militancia político-partidista. El nuevo entramado legal que eliminaría bonos y prestaciones para los mandos medios y superiores apenas entraría al Congreso de la Unión.

La pertenencia al servicio no implica la inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas.

La pandemia, pero sobre todo la austeridad republicana, modificaron drásticamente el organigrama de las secretarías de Estado, los organismos descentralizados y las entidades paraestatales. A la mitad del sexenio lopezobradorista, el desmantelamiento del aparato burocrático avanzaba inexorable.

Y lo que falta: avalado por la Función Pública, ha comenzado un lento, pero implacable mecanismo para dejar sin efectos cientos de nombramientos de servidores públicos de carrera, por las causas previstas en los artículos 52 y 60 de la Ley en la materia y sin responsabilidad para las entidades contratantes.

Actualmente sólo por renuncia voluntaria, defunción, sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad o por sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos —que impliquen la separación del servicio o reincidencia— procedería la terminación anticipada del contrato.

Pero ahora —de acuerdo con notificaciones que circulan en una decena de dependencias—, un procedimiento fast track (de apenas 30 días hábiles) serviría para liberar las plazas. ¿La causal? Incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones del servidor público de carrera. ¿Y la sustanciación de los expedientes? A cargo de un comité técnico, previa sanción del Órgano Interno de Control.

En la Cuarta Transformación, la Ley es la Ley, pero a discreción, ¿Dónde queda la evaluación de competencias y méritos?

La austeridad republicana es una mala época para la administración pública. Y para los promotores de la profesionalización del servicio público, más: en los primeros dos años de la Cuarta Transformación, la pérdida de plazas del SPC fue inversamente proporcional a la contratación de personal eventual y/o de confianza en puestos de jerarquía. Tan sólo entre el 2018 y 2020, de acuerdo con un informe sobre combate a la corrupción elaborado por especialistas de la Universidad de Guadalajara, hubo un aumento de 106,877 plazas entre personal eventual, de honorarios y las clasificadas como “régimen de contratación no especificado”.

La primera ley federal en la materia data del 2003. En los primeros 15 años del sistema, de acuerdo con ese reporte, los cargos de carrera pasaron de 41,164 plazas potenciales a 20, 599; menos de la mitad.

Mediante solicitudes de información y estadísticas de 10 entidades públicas, el estudio comparó el tipo de plazas otorgadas en la administración pública, donde destacan los aumentos y las disminuciones de personal bajo la discrecionalidad y el juicio de quienes toman esas decisiones en el gobierno.

Efectos secundarios
POLÉMICAS. En el ISSSTE venían con ilusión que el titular de esa dependencia, Pedro Centeno, buscará la candidatura de Morena en el Estado de México. La primera encuesta “de reconocimiento” lo dejó al margen y también, un cúmulo de disputas administrativas en las que los servicios de imagenología están en el ojo del huracán. El contrato, por 142 millones de pesos para cubrir los requerimientos de tomografías, rayos X y resonancias magnéticas en 34 centros hospitalarios, fue suscrito por la firma Imedic, lo que dejó al anterior proveedor, Tesi de México, en un palmo de narices. Las quejas de los usuarios son intermitentes; no obstante, el ISSSTE ahora asignará de manera directa un contrato de más de 2,000 millones de pesos para el arrendamiento de 500 ambulancias.

BALANDRONES. Nunca ha competido el PVEM sin aliados en los comicios constitucionales en el Estado de México, pero sus dirigentes aseguran concitar al menos 10% de los votos en aquella entidad. Y actualmente, su dirigencia estatal, encabezada por José Alberto Couttolenc, valora las rutas hacia el 2023, “(podemos) Caminar por nuestra propia cuenta o construir una coalición electoral”, son las opciones, pero “no será un asunto de encuestas pagadas o de dedazos políticos”. ¿Será?

RESPONSABILIDADES. En la mañanera de Palacio Nacional, el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha quedado bajo el escrutinio público. Al proveedor de servicio, RCU Sistemas, se le señaló por presuntos vínculos con familiares del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pero el subsecretario Alejandro Encinas públicamente desmintió esas versiones. La firma, fundada hace 25 años y dedicada inicialmente al desarrollo e integración de TIC, tampoco tiene expedientes abiertos por faltas administrativas. Nuestros clientes —tanto públicos como privados— son importantes y buscamos brindarles siempre calidad, seguridad, confianza y certeza.