El símil es aplicable a la actitud del gobierno federal ante la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento del mayor narcolaboratorio que se ha descubierto
Una casa se incendia y, con apoyo de vecinos y unos gendarmes del barrio, se logra sofocar el fuego. ¿Alguien se imagina que los propietarios exigirían una acción penal contra quienes avalaron la entrada de esos policías porque no llevaban un permiso judicial para involucrarse?
El símil es aplicable a la actitud del gobierno federal ante la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento del mayor narcolaboratorio que se ha descubierto.
Mientras la Fiscalía General de la República se dispone a interrogar a medio centenar de policías ministeriales de Chihuahua para indagar quién permitió la “injerencia” extranjera, Estados Unidos presenta su Estrategia Nacional Antidrogas en la que México es visto como el epicentro de un problema que afecta su seguridad nacional, la seguridad binacional (y hasta la transcontinental).
Al mismo tiempo, el obradorato tiende un manto protector sobre el ex gobernador Rocha Moya y nueve de sus funcionarios y ex funcionarios acusados de narcotráfico, haciéndose bolas una semana con la interpretación de una explosiva pero sencilla solicitud de captura con fines de extradición del Departamento de Justicia estadunidense.
Dos miradas, dos prioridades, dos formas abismalmente distintas de asumir la realidad:
Aquí, el énfasis está en la demagógica “defensa de la soberanía” y búsqueda tardía de responsabilidades administrativas y/o penales, y del otro lado se revela un diagnóstico brutal del flujo de estupefacientes que tiene en México su principal plataforma de producción y distribución.
El oficialismo se escandaliza por una colaboración “indebida” que contribuyó a debilitar estructuras criminales, pero el gobierno de Trump pone a México en el centro de una crisis sanitaria que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
Lo preocupante no es el señalamiento sino la falta de una respuesta pronta que vaya más allá de la indignación discursiva.
Si bien es cierto que “la soberanía no es negociable”, también lo es que el crimen organizado no reconoce fronteras ni formalismos jurídicos.
Pretender combatirlo con una franciscana y tacaña lógica doméstica o, peor aún, subordinando las prioridades de seguridad a consideraciones político-electorales, es una apuesta destinada al fracaso y al ridículo.
En tal disonancia, una estrategia compartida contra un enemigo común es lo que se impone.
El éxito del operativo en Chihuahua debiera ser motivo de un análisis serio sobre las capacidades, limitaciones y posibles áreas de cooperación en la lucha mexicana contra el narcotráfico, pero se ha convertido en un campo de disputa ideológica donde lo importante no es qué se logró, sino quién participó y bajo qué narrativa se interpreta.
Al final, mientras México se mira a sí mismo con una susceptibilidad exacerbada y paranoide frente a cualquier sombra de intervención externa, Estados Unidos lo observa como núcleo de una crisis que exige respuestas urgentes que, insensatamente, no se le dan…
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@CarlosMarin_soy
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