Es decir, en la CDMX, el gobierno ya quitó de la Constitución capitalina el principio de “respeto a la propiedad privada”, ya te obliga a decirle si vives en tu propiedad, la rentas, prestas o compartes
Clara Brugada cierra la pinza sobre la propiedad privada en la CDMX: hará una consulta para que el pueblo bueno y sabio le autorice la venta forzosa y subastas públicas de inmuebles. Antes, Martí Batres quitó de la Constitución capitalina el principio de “respeto a la propiedad privada”.
Morena, que nunca ha perdido una consulta popular porque Morena cuenta los votos, organizará la del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, del 24 de septiembre al 22 de noviembre: en urnas y digital.
El punto más inquitante está en la propuesta de Brugada, que sugiere la venta forzosa de inmuebles abandonados o en ruinas, mediante subasta pública. ¿Quién decide si un inmueble se encuentra abandonado o en ruinas? Lo decidirá el gobierno.
La verdad es que este lineamiento abre la puerta a que Brugada declare de manera ambigua o discrecional, que una propiedad está “subutilizada” (es el término legal que utiliza), para forzar la propiedad al reparto de inmuebles a “personas necesitadas”: sus votantes.
Ese tipo de programas surgieron en Cuba, tras el triunfo del comunismo en 1959: empezaron con la ocupación de las casas de los emigrados, y continuaron con la confiscación de las de aquellos que se acogían a los procesos de reunificación con sus familiares en el extranjero.
El chavismo imitó en Venezuela las iniciativas castristas contra la propiedad privada de las viviendas, a través de los programas Ubica tu casa, Ley de Tierras Urbanas y Emergencia para Vivienda y Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Así, el chavismo identificó viviendas y departamentos deshabitados debido, principalmente, al éxodo migratorio: eran reportadas a las comunas o autoridades locales, y los ocupaban familias afines al gobierno, sin proceso judicial o algún pago a los propietarios ausentes.
En la CDMX, la vivienda vive un proceso de venezolanización desde que Martí Batres ocupó la Jefatura de Gobierno, cuando Sheinbaum se fue a la precampaña presidencial. Pero esa venezolanización se intensificó con el actual gobierno de Brugada.
Ya Brugada reformó el Artículo 132 del Código Fiscal y los propietarios de inmuebles con valor mayor a 4.5 millones tienen que informarle al gobierno, a más tardar en junio, si éstos están habitados por el propio dueño, rentado, prestado o deshabitado.
Es decir, en la CDMX, el gobierno ya quitó de la Constitución capitalina el principio de “respeto a la propiedad privada”, ya te obliga a decirle si vives en tu propiedad, la rentas, prestas o compartes. Pues ya no tarda en autorizar a su gente que le de una patada a tu puerta.
El chavismo lo hizo hasta los 18 años.
Estos lo hacen desde su quinto año. Y gobiernan hace ocho.
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