La estrategia se encarreró cuando en 2021 López Obrador decretó reservadas, por “seguridad nacional” las obras del Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, AIFA…
El gobierno reservó por cinco años los datos sobre la indagatoria del secuestro de El Mayo Zambada, porque divulgarlos afecta la indagatoria en curso y la cooperación entre México y EU.
Pero ¿cuál cooperación? Sheinbaum reitera en sus Mañaneras que EU no aporta información acerca de la captura de Zambada. “¿Quién miente?”, insiste, para exigir a EU que aclare su participación en la captura.
Lo que sí está claro es que, de este lado, se registra una notoria insistencia por el ocultamiento de información sobre numerosos casos que el gobierno considera complicados para su gestión.
Prohibió conocer hasta 2031 los interrogatorios al exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, por ser “un riesgo a la seguridad nacional”. La protección a Rocha es asunto de Estado.
Sin embargo, los expedientes de Zambada y Rocha Moya se mezclan: Zambada firmó una carta en la que asegura que, el 25 de julio de 2024, se reuniría con Rocha y con el político sinaloense Melesio Cuén.
“A Melesio Cuén lo mataron a la misma hora y el mismo lugar donde me secuestraron a mí”, informó Zambada en una carta difundida el 10 de agosto de 2024, en la que detalló que fue emboscado, secuestrado y llevado a EU.
El celo por preservar el expediente de Rocha es tal que la Cancillería y la FGR también blindaron los datos judiciales, mensajes y solicitudes de EU sobre el caso, con advertencia de cárcel para quien filtre cualquier información del caso.
Hay que remarcar que, una parte del blindaje de información, suele concentrarse en la que se entrecruzan los intereses de morenistas y sucesos vinculados al crimen organizado: ajá, no sólo es el caso de Rocha y Zambada.
El periodista Héctor de Mauleón reveló ayer que, sólo tres días antes del fin del mandato de López Obrador, Audomaro Martínez, su jefe de Inteligencia, ocultó su declaración patrimonial hasta septiembre de 2029.
Y la periodista Peniley Ramírez localizó registros públicos que revelan que la esposa y el hijo de Martínez crearon una empresa de seguridad que recibió 500 millones de pesos en contratos federales del gobierno.
A saber, una docena de compañías del negocio de los combustibles, pertenecientes a la familia Martínez, operaron en varios estados donde el tráfico de combustible robado a Pemex alcanzó niveles sin precedentes.
Desde 2018, Morena diseñó una nueva definición de transparencia de la información y blindó mucho, desde las megaobras de López Obrador, hasta políticos del partido, vinculados con presuntos hechos de corrupción.
La estrategia se encarreró cuando en 2021 López Obrador decretó reservadas, por “seguridad nacional” las obras del Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles…
Hoy, 90 mil 33 archivos tienen el rótulo de “información reservada”.
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