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La cuarta transformación avanza con banderas desplegadas sobre los estados. Los estados han empezado a resistir en las figuras de 13 gobernadores de oposición, entre los cuales brillan por su ausencia los del PRI.

Los gobernadores están en una posición política débil para reclamar con credibilidad que pueden ser actores eficaces en los dos asuntos que sofocan a la República y que definieron las elecciones de 2018: la corrupción y la inseguridad.

Pero el gobierno federal tampoco tiene grandes credenciales al respecto. La guerra contra las drogas fue declarada y librada por gobiernos federales con las consecuencias terribles que conocemos.

El pacto fiscal bajo el que operan los estados, sin rendir cuentas, fue diseñado federalmente en todas sus fases y modalidades. Los gobiernos estatales que rinden cuentas solo a sus congresos locales de cómo gastan los fondos federales han producido casos alucinantes de corrupción.

El gobierno federal no se ha quedado atrás tampoco en la creación de redes de corrupción sistemáticas, como la estafa maestra, ni en la falta de voluntad para investigar y castigar judicialmente esas conductas. El gobierno federal electo no ha encontrado mejor solución para atacar el problema de la violencia, que multiplicar la injerencia militar en cuestiones de seguridad pública.

Y no ha encontrado mejor solución política para lidiar con la corrupción de la historia reciente que declarar la amnistía para corruptos, con un soberano perdón al pasado. El hecho es que ni los poderes locales ni el federal pueden decirse, hoy por hoy, capaces de resolver estos dos problemas determinantes: ni la inseguridad ni la corrupción.

No han podido resolverlos cada uno por su lado, ni tampoco juntos, bajo el esquema de colaboración y responsabilidad del federalismo realmente existente. Los huecos y deformidades de este último no han hecho sino empeorar ambos problemas.

La Federación y los estados necesitan crear un nuevo pacto de competencias y responsabilidades exigibles por los ciudadanos y claros para ellos en la ley.

Hace falta una negociación cabal, de largo aliento. Una negociación de la periferia al centro, no una ocupación del centro a la periferia. Un nuevo federalismo.