Ayotzinapa y la CNDH

En primera fila, pero pegados al pasillo más alejado de la fuente del patio central del Palacio Nacional, estaban los presidentes de los organismos autónomos que acudieron —como invitados especiales— al último informe de Enrique Peña Nieto. Su independencia no impide que, en la división de poderes, mantengan una sana lejanía pero que cumplan con las liturgias de la clase política que pronto dirá adiós.

Por eso, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora , sólo intercambian un apretón de manos con el Ejecutivo federal. ¿Y el ombudsman, Luis Raúl González Pérez?

Confrontado con la PGR, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos prefirió trasladarse a Tixtla, Guerrero, para atestiguar la entrega del informe anual del mecanismo especial de seguimiento al caso Iguala, presentado por la CIDH de la OEA ante los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 27 de septiembre del 2014.

En los mensajes previos a su Sexto Informe, el presidente Peña Nieto aludió a la “negativa y el rechazo de los padres de los 43 para aceptar los alcances (sic) de la investigación realizada por la PGR” y refrendó la verdad histórica alguna vez postulada por Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron incinerados por un grupo delincuencial.

Tal narrativa —sustentada en la hipótesis de la pira en el basurero de Cocula— resulta insostenible para la CIDH. La fuerza de la ley, insistió el comisionado Luis Ernesto Vargas, en la única vía para romper el pacto de impunidad que rodea al caso.

A casi cuatro años de la tragedia, es necesario dilucidar dónde están los 43 estudiantes y hasta qué nivel del Estado llega la responsabilidad de los hechos, estableció Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En este lapso se han acumulado irregularidades y omisiones, que no sólo son responsabilidad de la PGR, sino del Estado mexicano en su conjunto.

“Esta salvajada visibilizó la aparente normalidad que existía, visibilizó esa geografía del horror que significan las desapariciones en México”, dijo por su parte el ombudsman, quien tomó el micrófono para dar cuenta de los cuatro reportes generados por la CNDH a través de su Oficina para la Investigación Especial del caso Iguala.

Su último informe fue presentado el pasado 18 de junio, y alude directamente a los equívocos de la PGR en la identificación y detención de la Rana o el Güereque, presunto responsable de los hechos de Cocula.

El Ministerio Público, denunció González Pérez, actuó contra un profesor de educación física, Erick Uriel Sandoval Rodríguez, sin reunir evidencia que demuestre que es la Rana y a sabiendas que el verdadero criminal se llama Edgar, quien está plenamente identificado y ubicado.

“Parece que la actual administración de la PGR viene institucionalizando la impunidad”, se quejó. González Pérez adelantó que pronto emitirá una recomendación sobre los hechos ocurridos hace cuatro años.

“Estamos afinando los últimos detalles (…) La recomendación será un insumo importantísimo que establecerá las violaciones a los derechos humanos que hemos encontrado en todo este trabajo de investigación. Y la investigación de la CNDH será objetiva, imparcial, basada en pruebas y evidencias, con un soporte técnico-científico; ya se dijo en alguna ocasión: que la ciencia hable”.

EFECTOS SECUNDARIOS

PERFILADOS. Rabindranath Salazar concluyó sus funciones legislativas y sin pausa enfiló al cumplimiento del encargo que recibió del presidente electo: ponerse al frente del equipo que dará sustento al Banco del Bienestar, una institución financiera en la que se concentrarán los pagos de los programas de apoyo a los estudiantes, jefas de familia y adultos mayores. El exsenador, quien está entre los 32 coordinadores estatales designados por AMLO, dejaría ese espacio al dirigente nacional del PES, Hugo Éric Flores Cervantes. A la Comisión Nacional de la Vivienda llegará el exasambleísta David Ricardo Cervantes Peredo. Y mientras que en la Financiera para el Desarrollo se ratificaría a Enrique Martínez, en Banobras se esperaba la renuncia de Alejandro Varas a la dirección general, lo que dejaría abierta la ruta que llevaría a Jorge Alberto Mendoza Sánchez a esa institución.

EMPLAZADOS. Desde Macuspana, la tierra natal del presidente electo, llegó el reporte de un ecocidio: al menos cuatro decenas de manatíes habrían muerto por la contaminación de los ríos de Tabasco en el último trimestre, según reclamó Ernesto Zazueta, líder de la Azcarm. Pero en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no han registrado decesos de esos mamíferos acuáticos en las últimas dos semanas y ya emplazaron al dirigente —quien ahora mismo asesora a la próxima titular de la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena— a presentar las pruebas que acreditarían  una de las contingencias ambientales más grandes del sexenio que termina. ¿Será?

¿COMPLICADOS? Canceladas, las subastas para la exploración de hidrocarburos en el Golfo de México, los grandes jugadores del sector han puesto la mirada en la licitación del contrato para la construcción de una terminal para el manejo de petrolíferos en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Justo dentro de dos meses tendría que conocerse el fallo, pero ahora se escucha con insistencia la versión de que quedaría “pendiente” para dar oportunidad a TMM. Y que la acción de un poderoso gestor —de origen español— lograría este milagroso retraso. ¿Será?