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La impunidad alcanzada por la Normal Rural de Ayotzinapa es digna de mención.

El asesinato y la desaparición de 43 normalistas de esa escuela parece haber reforzado la impunidad de la normal, escuela de maestros que ejerce públicamente la pedagogía de violar sistemática y premeditadamente la ley.

Las autoridades de la normal y del gobierno se han empeñado en sostener que ni la escuela ni sus alumnos han sido cómplices del “crimen organizado”, entendiendo por esta expresión los delitos asociados al narcotráfico.

La inocencia declarada de la normal en relación con el narcotráfico parece exonerarla de otros delitos que son, sin embargo, su especialidad y su rutina: robar autobuses, secuestrar choferes, robarse las cuotas de las autopistas, bloquear carreteras, vandalizar ciudades.

No sé si hay una banda conocida de ladrones de autobuses que se haya robado 500 unidades entre la terrible noche de Iguala de fines de noviembre a la fecha.

Este es el número de autobuses que los normalistas de Ayotzinapa se han robado desde aquella noche en que llegaron, precisamente en autobuses robados, a la ciudad de Iguala, todavía no se sabe exactamente para qué.

No sé si haya una banda conocida de ladrones de peajes de empresas públicas y privadas que haya tomado tantas veces por la fuerza las casetas de cobro y cobrado a su criterio el paso de particulares. Hay una
montaña de registros de este delito cometido por los normalistas de Ayotzinapa.

Creo que todas estas actividades, toleradas por la autoridad, caen literalmente en el supuesto “crimen organizado”, descrito por el código penal único vigente.

El artículo 16 de ese código describe ese delito con estas palabras: “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada”.

En materia de robo de autobuses, secuestro de personas, interrupción del libre tránsito y violencia tumultuaria, la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es un recinto activo de “delincuencia organizada”.

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