La historia es alucinante: la movilización de unos estudiantes de izquierda, que entraron a secuestrar unos camiones a una ciudad gobernada por la izquierda, en un estado gobernado también por la izquierda, terminó en la desaparición de 43 de los estudiantes, en una confusa noche de policías municipales deteniendo y entregando estudiantes a las redes … Continued
La historia es alucinante: la movilización de unos estudiantes de izquierda, que entraron a secuestrar unos camiones a una ciudad gobernada por la izquierda, en un estado gobernado también por la izquierda, terminó en la desaparición de 43 de los estudiantes, en una confusa noche de policías municipales deteniendo y entregando estudiantes a las redes criminales de la región, ante la pasividad de las fuerzas del Ejército destacadas en la ciudad.
Sabemos que todo eso sucedió el 26 de noviembre de 2014 en la ciudad de Iguala, del estado de Guerrero. La evolución política y judicial del caso nos ha puesto en situación de no poder decir que sabemos con certeza nada más. Las fallas de la investigación criminal del gobierno federal han desacreditado hasta la raíz sus conclusiones, las cuales pueden resumirse así:
Los estudiantes que entraron aquella noche a Iguala, para secuestrar un camión, fueron vistos por el crimen local como el principio de una invasión de sus rivales de Chilpancingo.
Las policías municipales, cómplices del crimen local, cercaron a 43 estudiantes, los entregaron a las bandas, éstas los mataron y quemaron luego sus cuerpos, hasta desaparecerlos, en un basurero.
La investigación del gobierno federal produjo la detención de 71 policías municipales y 97 delincuentes, muchos de ellos confesos, circunstanciadamente, de su participación en los hechos referidos.
Pero se ha probado, sin embargo, que al menos parte de estos testimonios fue obtenida bajo tortura y que la investigación quedó manchada, desde el inicio, por la violación de distintos protocolos de custodia de las pruebas, lo que vuelve todo el caso inaceptable desde el punto de vista del debido proceso.
La semana pasada fueron exonerados de algunos de estos delitos ochos delincuentes confesos de ellos y al paso que llevan los juicios habrá más exoneraciones.
La opinión pública convirtió al gobierno saliente en el responsable directo de aquellos hechos. El gobierno entrante asumió ya el compromiso de empezar de cero y entregar al final “verdad y justicia”.
Por primera vez en su historia, la izquierda en el gobierno tendrá en sus manos la solución de un caso que ha sido su acusación contra el gobierno. Si de veras quiere ofrecer verdad y justicia tendrá, al menos en parte, que investigarse a sí misma.
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