¿Austeros en el Poder Judicial?

En la apertura del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace cinco semanas, el ministro Luis María Aguilar Morales prometió una “reorientación” en las estrategias y acciones del Poder Judicial, ante la demanda ciudadana de austeridad en el ejercicio del gasto público.

Acababa de pasar un mes de las elecciones presidenciales. Andrés Manuel López recibiría —el 8 de agosto— la constancia de mayoría que lo declaraba presidente electo, de manos de la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora. Pero el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal anticipó la unción del político izquierdista y adelantó austeridad, aunque con ello “no se debe comprometer la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales”.

La austeridad, una promesa. Aguilar Morales ya había establecido las directrices que deberán atender las unidades administrativas, para elaborar los proyectos de presupuestos para el 2019. Pero la realidad se impone en lo cotidiano y la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal sigue siendo el banco de ahorro de algunos funcionarios judiciales.

Allí está el caso de Francisco Javier Pérez Maqueda, extitular de esa dependencia, quien hace año y medio fue sorprendido mientras trasladaba 4 millones de pesos en efectivo en un automóvil. “Me sembraron ese dinero”, alegó el funcionario. La Contraloría Interna del Poder Judicial sólo dio cuenta de 1.5 millones de pesos.

La historia se refrescó recientemente en el propio pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en su Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, se estudió el anteproyecto de presupuesto de egresos para el 2019, que propone aumentar casi 230% el presupuesto de esta área, para darle más de 8,600 millones de pesos, tan sólo en Proyectos para Fortalecimiento de Infraestructura.

La petición presupuestal contempla recursos para remodelar o modificar áreas de inmuebles que aún no se han comprado. La Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Administración del propio consejo ha realizado observaciones a tan elevado presupuesto. Uno de los casos más pavorosos es el del nuevo inmueble-sede que se pretende construir en el 2019 para Tijuana, Baja California. El presupuesto es de 632 millones de pesos, cuando inmuebles similares le han costado menos de 180 millones de pesos.

Desde febrero del 2017, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento está vacante. Pérez Maqueda se encuentra temporalmente suspendido de sus funciones, sin goce de sueldo, pero el propio consejo ordenó, por recomendación de la Contraloría Interna, hacer un ahorro, por si el procedimiento sancionatorio resultara malogrado y tuvieran que indemnizarle… además de reinstalarlo en sus funciones.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿ILEGALES? Justo un mes antes de que expirara su trienio, los diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron (en una sede alterna) una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que hace rotativa la presidencia de la Junta de Gobierno y determina que las comisiones de Hacienda y la de Puntos Constitucionales no se integren de forma proporcional de acuerdo al número de representantes por partido sino por representación partidista. Y en la última quincena del último periodo de sesiones tramitaron los nombramientos del Procurador de Justicia y del fiscal de Delitos Electorales, así como la reducción —de cinco a tres magistrados— del pleno del Tribunal Electoral estatal, a cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y tres para el Tribunal Superior de Justicia y al Consejero de la Judicatura. Todo listo para que arrancara la nueva Legislatura, que por primera vez en la historia tendría mayoría de diputados de Morena. En la víspera, el PRI acordó con el PAN, PRD y PES presidir la Junta de Gobierno. Inconformes, la bancada de Morena no asistió a la sesión de instalación y el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Humberto Veras Godoy, declaró receso por tiempo indefinido, sin que rindiera protesta la Junta de Gobierno. Morena, por su parte, reiteró el apego a la legalidad e invocó los artículos 98 y 99 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso, que establece considerar el voto ponderado en atención al mandato de la voluntad popular que arrojó que Morena tenga 56.6% de las decisiones. Por lo que con base en el artículo 76 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó la semana pasada —debidamente fundamentada— una solicitud para la desaparición de poderes en el estado, que gobierna el priista Omar Fayad.

RIVALIDADES. Con la peculiaridad de ser el único legislador en funciones en haber estado al frente de la Comisión de Hacienda, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Gustavo Madero alzó la mano para asumir ese rol, nuevamente en la Cámara Alta. Tendría una rival: la ex subsecretaria Vanessa Rubio, quien además de buscar el respaldo de sus compañeros de bancada, trabaja para conseguir el aval del presidente de la mesa directiva, Martí Batres. ¡Órale!

RECÍPROCOS. Antes de viajar a Washington DC para reunirse con la secretaria de Seguridad Interior de la administración Trump, Kristjen Nielsen, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acudió a la nueva sede de la Secretaría del Trabajo, donde fue develado su retrato en la sala de juntas aledaña al despacho principal. Su sucesor en el cargo, Roberto Campa Cifrián, lo llamó el “secretario del empleo” pues durante su gestión surgieron casi 4 millones de plazas laborales.