Si algún funcionario de la ASF actuó por intereses personales o políticos, será cesado, ofreció Colmenares Páramo a los legisladores federales
La retórica de las mañaneras ha propiciado deshonrosas réplicas. En el banquillo de los acusados, por su estimación del daño al erario supuestamente provocado por la cancelación del NAIM, los auditores especiales llegaron derrotados a la reunión de trabajo con sus jefes, los diputados federales integrantes de la Comisión de Vigilancia.
Con sus presentaciones de PowerPoint, Emilio Barriga, Gerardo Lozano Dubernard y Agustín Caso Raphael serían los teloneros de su jefe, el auditor superior de la Federación, de acuerdo a los términos pactados por los cabilderos de David Colmenares Páramo y el presidente la Comisión, Mario Alberto Rodríguez.
Movimiento Ciudadano y la UdeG, en el control de la situación. Hace seis días, el legislador tapatío todavía no concedía llamar a Colmenares Páramo, como exigía la mayoría morenista, agraviada por la difamación al Ejecutivo federal. Antes, trató de contener a sus colegas con un oficio, dirigido al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión, David Villanueva Lomelí, a fin de iniciar las investigaciones contra los responsables de las inconsistencias en la cuantificación de las erogaciones por la suspensión y cierre del proyecto del Nuevo Aeropuerto, casi 391,000 millones de pesos.
Villanueva Lomelí fue auditor superior en su natal Puebla, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, y hasta hace dos años trabajaba en la ASF. Ahora tendría que indagar sobre las acciones recientes del director general de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico, Ronald Pieter Poucel Van Der Mersh, y al auditor de Desempeño al Desarrollo Económico “C”, Carlos Miguel Gómez Márquez.
¿Chivos expiatorios? Al margen de esa indagatoria quedó el superior jerárquico de ambos funcionarios, Agustín Caso Raphael, auditor especial de desempeño, quien ayer no apareció en el salón verde del Palacio Legislativo de San Lázaro. En su representación, Tizoc Villalobos Ruiz, otro de los funcionarios originarios de Oaxaca, incorporados a ese órgano especializado, de la mano de Colmenares Páramo.
A lo largo de dos décadas, la ASF ha sido refugio para una burocracia especializada, entre quienes destaca Caso Raphael, cuyas credenciales académicas y profesionales son impecables aunque ayer se supo que acordó con Colmenares Páramo quedar temporalmente suspendido de sus funciones —con goce de sueldo— hasta que el auditor especial de gestión financiera, Lozano Dubernard —quien se formó al amparo del exauditor Arturo González Aragón— termine de revisar la metodología aplicada en la auditoría de desempeño 1394, desautorizada por AMLO y por el auditor superior.
Si algún funcionario de la ASF actuó por intereses personales o políticos, será cesado, ofreció Colmenares Páramo a los legisladores federales.
Aunque en posteriores apariciones mediáticas matizó, al decir que los responsables del error de cálculo tendrán que actuar en consecuencia. No hubo mala fe, insistió.
Nadie renuncia, a pesar del escarnio público. Los emecistas controlan la Comisión de Vigilancia desde la pasada legislatura y tienen posiciones clave en la ASF, instancia que es apartidista —dijo su titular— y apolítica.
Los responsables de realizar las auditorías presentadas como parte de la Tercera Entrega de Informes Individuales e Informe General de la Cuenta Pública 2019 acudirán a otras reuniones de trabajo. Su trabajo no está en riesgo… por ahora. “No tengo por qué renunciar”, sostiene el titular de la ASF, “no me siento responsable de nada”.
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