Imagino que el tema es un dolor de cabeza para el Gabinete de Seguridad, pero el tráfico ilegal de armas a México continuará en la medida en que sea tan fácil adquirirlas en EUA y persista la porosidad de las aduanas mexicanas ahora a cargo de SEMAR
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
El día de ayer nos enteramos de que la Fiscalía de EUA para el Distrito de Arizona logró desarticular una banda de 20 sujetos dedicados al tráfico de armas hacia México. Como mínimo, esta banda operó desde diciembre de 2024, teniendo como base la ciudad de Phoenix, enviando a nuestro país armas de alto calibre como los rifles AK y ametralladoras .50. Cuando fueron arrestados, los malandros tenían 150 armas en su poder y 125 mil cartuchos, y eso que se trataba de una banda menor.
Según datos de Foreign Affairs Latinoamérica, cada año se trasiega a nuestro país un mínimo de 200 mil armas, teniendo como epicentro Texas y Arizona; un informe de Stop US Arms to Mexico reveló que 14 de los 15 códigos postales de EUA donde más se adquieren armas que terminan decomisadas en México están en Arizona. La laxitud con la cual es posible adquirir armas en EUA da lugar a negocios ilícitos y es tal el flujo que ha recibido el mote de “río de acero”.
Tan solo en el primer año de la administración claudista, se han decomisado 18 mil armas de fuego, incluyendo 215 fusiles Barret .50 que son los favoritos de los narcos, 13 lanzacohetes y 20 lanzagranadas .40. Para que los lectores que nos acompañan se den una idea de la letalidad de tal armamento, baste decir que los Barret pueden derribar con precisión a objetivos ubicados a un kilómetro de distancia y son capaces de penetrar vehículos o helicópteros blindados.
La mala noticia es que 18 mil armas incautadas es nada comparado con las 200 mil que ingresan cada año.
Bandas como la mencionada al inicio de esta entrega tienen un esquema muy acabado para el tráfico de armas. La compra de hace de manera fragmentada a través de testaferros (compra “hormiga”), generalmente con ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales, pero con problemas económicos o adicciones. Estas personas adquieren las armas de manera legal, ya sea en tiendas o en ferias.
Las armas se transportan hacia la frontera en cargamentos pequeños, ocultos en vehículos particulares, para entregarlos a un contacto del lado mexicano de la frontera. No obstante, también hay redes profesionales que cuentan con la “logística” para introducir cargamentos masivos de armas.
Como usted recordará, don Omar, durante la pasada administración el gobierno mexicano demandó a los fabricantes de armas por contribuir a la violencia en México; es decir, la responsabilidad de contener el tráfico de armas no es solo de las autoridades de ambos países, sino también de los comercializadores.
Aun cuando el litigio se perdió, la batalla continuó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se le solicitó una opinión consultiva sobre “el alcance de la responsabilidad de entidades privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego, quienes incurren en prácticas comerciales negligentes violando los derechos a la vida y a la integridad reconocidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, y 2) los esfuerzos que los Estados deben emprender para garantizar la protección judicial en favor de las víctimas de las prácticas comerciales negligentes antes descritas” (FAL, marzo 2026).
En marzo pasado, la CoIDH emitió su Opinión Consultiva, la cual pareciera dar una luz sobre el problema: “El deber de fiscalización estatal implica también velar por que las propias empresas implementen también en lo interno medidas de cumplimiento con el fin de evitar, o por lo menos minimizar, los riesgos de que sus actividades impliquen una violación a los derechos humanos”. Está en veremos la respuesta de EUA y de las empresas.
Y como es de suponer, la gran mayoría de las armas acaban en manos de los cárteles de la droga, lo cual debe dificultar mucho su labor de seguridad, don Omar. Pero hay otra fracción que ha estado llegando a la población abierta. El estudio Small Arms Survey, realizado en México con el patrocinio del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza, indica que hay ¡16 millones de armas! en posesión de civiles mexicanos; tal volumen no se explica por adquisiciones legales, pues la compra lícita solo está controlada por la Defensa Nacional.
Hasta ahora, los EUA han firmado con México el acuerdo Misión Cortafuegos mediante el cual se ha comprometido a hacer más intensivas las revisiones de salida hacia la frontera con nuestro país. Por su parte, el gobierno mexicano ha implementado el programa eTrace, el cual es un rastreo digital de balística para ubicar el origen de las armas incautadas y así poder dar con las cadenas de suministro.
Imagino que el tema es un dolor de cabeza para el Gabinete de Seguridad, pero el tráfico ilegal de armas a México continuará en la medida en que sea tan fácil adquirirlas en EUA y persista la porosidad de las aduanas mexicanas ahora a cargo de SEMAR.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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