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Devastador es el diagnóstico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sobre las 484 escuelas normales del país: uno de cada dos aspirantes a profesores no está capacitado para ejercer la docencia, lo cual hace inconcebible que se puedan superar así los retos para un futuro con desarrollo, empleo y bienestar social.

El bochornoso desprestigio de gran parte del magisterio, cuya más impresentable imagen es la de los disidentes de la CNTE y el alumnado de algunas de las normales rurales, es responsabilidad de los gobiernos federales en los últimos 30 años y del sindicato nacional y sus facciones, que pactaron prebendas abominables y arrebataron al Estado la rectoría de la educación.

Pareciera que el actual no es el mejor momento político para enfrentar el problema, y menos en las 17 normales rurales, entre las que sobresale la de Ayotzinapa por el asesinato de 46 de sus alumnos; pero de no ser ahora, el riesgo es que la reforma de las normales todas jamás ocurra.

Retrasar su rescate sería no solo cobarde, sino criminal.

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