En el escándalo de Baja California estamos acudiendo a un diferendo constitucional de soberanías políticas, un diferendo inédito en nuestro federalismo reciente
No soy constitucionalista, pero tengo la impresión de que en el escándalo de Baja California, cuyo Congreso amplió tres años el tiempo del gobierno electo, estamos acudiendo a un diferendo constitucional de soberanías políticas, un diferendo inédito en nuestro federalismo reciente.
El diferendo, según yo, consiste en que la soberanía estatal, encarnada en el Congreso local de Baja California, está desafiando a la soberanía federal, encarnada en un artículo transitorio constitucional según el cual el periodo de gobierno a disputarse en la elección pasada de Baja California sería de solo dos años.
Los diputados de Baja California, en ejercicio de su soberanía y en su calidad de constituyente permanente, como cualquier soberanía legislativa, decidió ampliar el plazo del gobierno electo a cinco años desafiando el precepto federal de la Constitución federal que lo había fijado, repito, en dos.
¿Cómo se arbitra este conflicto de soberanías? ¿Cuáles pueden ser los medios de apremio de la Federación y los recursos de resistencia de la soberanía local para definir lo que sucederá en Baja California?
Me parece apasionante ese dilema. De algún modo toca la esencia democrática del pacto federal, a saber: que los estados están en ese pacto porque quieren y pueden romperlo cuando quieran.
La controversia posible es enorme y tiene ecos catastróficos en la historia del federalismo mexicano.
La materia del conflicto, en cambio, es de una vulgaridad que desarma: un gobernador electo por la nueva fuerza política mayoritaria del país quiere ampliar tres años su tiempo de gobierno. Las resonancias de este complejo conflicto de soberanías y esta vulgar maniobra de ampliación de poder crecen desorbitadamente ante la reticencia del gobierno federal a pronunciarse sobre el asunto.
La reticencia de la Federación alimenta la sospecha de que atrás del desafío constitucional de Baja California está el proyecto de reelección del Presidente de la República. Sería la primera maniobra, el primer globo sonda, para empezar a discutir ese tema.
No hay equivalencia ninguna, me parece, entre ampliar legaloidemente el tiempo de un periodo de gobierno estatal y proponer la reelección presidencial de México.
Pero la sospecha es todavía más potente que la realidad, y la arbitrariedad, más potente que las leyes.
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