Lo que cambia es el camino para alcanzarla. Y en una democracia, ese camino debe pasar siempre por la educación, los derechos y la formación integral de las nuevas generaciones
La educación tiene un propósito claro: formar ciudadanos, no soldados. Por eso resulta acertada la determinación de la Secretaría de Educación Pública de prohibir que escuelas particulares operen bajo denominaciones que hagan referencia a una formación militar o castrense.
Durante años se normalizó la existencia de planteles que ofrecían una imagen de mayor disciplina a partir del uso de uniformes, rangos o dinámicas inspiradas en las Fuerzas Armadas. Muchas familias los elegían convencidas de que ahí encontrarían orden, respeto y mejores hábitos para sus hijos. Sin embargo, una cosa es promover la disciplina y otra muy distinta es construir un modelo educativo que pretenda asemejarse a una institución cuya función constitucional es completamente diferente.
La disciplina no pertenece exclusivamente al ámbito militar. También puede encontrarse en una escuela pública, en una institución privada, en un equipo deportivo o dentro de una familia. Es el resultado de reglas claras, buenos docentes y una comunidad comprometida con la formación de sus estudiantes. Reducirla a una estética castrense es una simplificación que no necesariamente produce mejores resultados educativos.
La SEP también envía un mensaje de certeza jurídica. La educación militar corresponde únicamente a las instituciones creadas para formar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Permitir que escuelas civiles utilicen esa denominación genera confusión sobre el alcance y la naturaleza de los servicios educativos que ofrecen. Cada institución debe desempeñar el papel que le corresponde dentro del marco legal.
Otro aspecto importante es la protección de los estudiantes. La instrucción girada a las autoridades estatales para revisar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, retirar los permisos cuando corresponda y garantizar la entrega de documentos escolares evita que los alumnos sean quienes paguen las consecuencias de las irregularidades administrativas. La continuidad de su educación debe estar por encima de cualquier conflicto.
Esto tampoco significa renunciar al orden, al respeto o a la exigencia académica. Al contrario, las escuelas mexicanas necesitan fortalecer esos valores todos los días, pero desde una perspectiva compatible con la Nueva Escuela Mexicana: fomentar la responsabilidad, el diálogo, la convivencia y la cultura de paz como herramientas para formar mejores ciudadanos.
México enfrenta suficientes desafíos en materia educativa como para abrir debates sobre modelos que no corresponden al Sistema Educativo Nacional. La discusión debe concentrarse en elevar la calidad de la enseñanza, reducir el abandono escolar, mejorar el aprendizaje y recuperar la autoridad de los docentes en las aulas.
La disciplina seguirá siendo indispensable. Lo que cambia es el camino para alcanzarla. Y en una democracia, ese camino debe pasar siempre por la educación, los derechos y la formación integral de las nuevas generaciones.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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