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Desde hace un par de semanas, al presidente López Obrador le detonaron al menos dos crisis, que busca controlar con añejas lanzadas.

Y fue en Tamaulipas -estado que gobierna Morena por primera vez- donde se le puso en jaque.
Primero, en Nuevo Laredo, la madrugada del domingo 26 de febrero, militares abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que regresaba de divertirse. Cinco murieron y uno sobrevivió. Fue un “mátalos en caliente”, de esos que dicen que ya no hay.

En Matamoros, otro punto fronterizo con Estados Unidos, cuatro ciudadanos de ese país fueron raptados por un grupo armado que mató a dos de ellos. La denuncia por parte del gobierno de Joe Biden movilizó los cuerpos de seguridad nacionales para dar con su paradero, lo que ocurrió días después.

Casi de manera simultánea el exfiscal con Trump, William Barr, retomó en un artículo publicado en The Wall Street Journal una propuesta de los representantes Dan Crenshaw y Michael Waltz para utilizar el ejército estadounidense contra los cárteles en México. “Este es un paso necesario y pone el foco donde debe estar”, puntualizó Barr.

A raíz de ello, ambos legisladores estadunidenses tomaron fuerza en medios y redes sociales:
Crenshaw publicó en Twitter: “Todo lo que queremos es enfrentarnos finalmente a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, sobornan y amenazan a los políticos mexicanos y envenenan a los estadounidenses. ¿Está en contra de eso, señor presidente? ¿A quién representa? ¿Los cárteles o el pueblo?”
Y sus palabras calaron, y hondo, en López Obrador.

Por eso le respondió:

“Ahora uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó que van a presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico; en especial, para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”.

Y luego, la pirotecnia patriotera: “Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta”.

No es la primera vez que hace esta advertencia. El 25 de abril de 2022, dijo: “Decirles a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no sólo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que, si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano”.

Y ayer viernes soltó: “¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes?”.

Ante la crisis, el Presidente recicló una bravuconada, que no pasa de ser eso, una bravuconada.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, su población es de más de 334 millones de personas. De ellos, unos 62 millones son hispanos, de los cuales 34.5 millones fueron elegibles para votar en 2022, según el Pew Research Center, un centro de datos no partidista en ese país.

Sólo votó la mitad en la elección del 2020. Y habría que precisar cuántos de esos fueron mexicanos, realmente orgullosos de su origen.

Sin duda, son importantes para el discurso de la 4T, pero no son determinantes para el rumbo de los Estados Unidos.

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