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Tardó seis meses en llegar la respuesta al exhorto, validado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para implementar de un programa de donación voluntaria de órganos y tejidos de personas privadas de la libertad.

El órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y el Centro Nacional de Trasplantes eran los destinatarios del punto de acuerdo aprobado por los legisladores, el 24 de agosto del 2022, a propuesta del senador sudcaliforniano Ricardo Velázquez Meza.

Suplente del profesor Víctor Castro, actual gobernador de Baja California Sur, el legislador morenista ha presentado más de 70 proposiciones con punto de acuerdo y 15 iniciativas —solo una ha sido aprobada— desde que ingresó al Senado de la República, hace dos años.

La donación de órganos de los reos federales era —de suyo— un tema álgido por sus implicaciones. El OADPRS, instancia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tardó dos meses en emitir su opinión. Y siguió las pautas establecidas por el gobierno chino: las personas privadas de la libertad o en custodia no pueden expresar su consentimiento libremente, por lo que sus órganos no pueden ser usados para trasplantes.

“La toma de decisión para donar un órgano o tejido es estrictamente personal y debe ser libre e informada”, definió, “dicha decisión es un proceso que requiere del intercambio y comprensión de la información (y)… Dado que el consentimiento debe ser libre de presiones, no es viable institucionalizar un programa de donación por parte de esta autoridad administrativa”.

Y no solo eso. En los centros penitenciarios federales —insistió— se tiene acceso igualitario a la atención médica que se necesita como la que tienen las personas en libertad, no existe justificación alguna para que se instaure un programa específico de donación voluntaria de órganos y tejidos.

La opinión de la autoridad fue contundente: el sistema penitenciario federal aloja a personas privadas de la libertad que presentan algún estado de interdicción (discapacidad física, intelectual, psicosocial o mental) que les impide y les nulifica la capacidad jurídica o de ejercicio para disponer libremente de su persona y su cuerpo.

Considerar a los reos federales como donadores voluntarios, “ni en vida ni posterior a su muerte”, es simplemente inviable pues están legal y mentalmente impedidos para ejercer esa personalísima determinación.

Efectos secundarios

AJUSTES. Exsecretario del ayuntamiento de Toluca e integrante del GAP texcocano, Ricardo Moreno Bastida alista su regreso al Senado de la República. A finales del 2019 ocupó el escaño que dejó Higinio Martínez Miranda para atender asuntos personales. Ahora, por instrucciones superiores dejará las funciones legislativas para dedicarse de tiempo completo a la campaña morenista en el Estado de México. Higinio y Horacio Duarte harán una evaluación de la estrategia de Delfina Gómez y están decididos a corregir lo que no funcionó. ¿Acaso prescindirán de los servicios de Heurística Comunicación?

REUNIÓN. Cambio de estafeta en la Barra Mexicana-Colegio de Abogados: Víctor Olea Peláez rendirá protesta como presidente del consejo directivo de esa prestigiosa institución, ante la ceremonia de clausura de la Asamblea Nacional, a la que han confirmado los ministros Norma Piña, Alberto Pérez Dayan, Javier Laynes y Arturo Saldívar Lelo de Larrea, además de Guillermo Valls, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, y los exgobernadores Humberto Moreira y Jaime el Bronco Rodríguez Calderón.

PROYECTOS. Con una inversión de 12,000 millones de pesos y la ejecución de los ingenieros militares, en breve iniciará la construcción del viaducto elevado que conectará Playas de Tijuana con la Mesa de Otay. Esta mega obra tendrá una extensión de 10.5km y además de la conexión con el aeropuerto, contará con otros dos accesos a la zona céntrica de Tijuana y al paso fronterizo Otay Mesa, donde se construirá un puerto de ingreso a San Diego, California.