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El salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro estuvo casi lleno. Aunque las curules, esta vez, fueron ocupadas por 508 aspirantes al Consejo General del INE, convocados por el Comité Técnico de Evaluación.

Quedaron vacías tres hileras, por la ausencia de 23 de los convocados. Los organizadores previeron cuatro horas para responder las 80 preguntas de la evaluación de conocimientos sobre derecho constitucional, administración pública, derechos humanos y —por supuesto— las materias electorales.

De opción múltiple, para ser respondido en línea a través de una plataforma de educación virtual, 55% de los reactivos versaron sobre normas vigentes y el resto, comprensión de textos especializados. Ninguna alusión a casos específicos o valoraciones personales.

De acuerdo con las reglas fijadas por los evaluadores, a la siguiente etapa, de entrevistas, sólo serán considerados los aspirantes con mayor puntaje. Desde temprano, este miércoles 8 estuvo disponible en el micrositio del comité un listado, con el puntaje obtenido por cada uno de los examinados. Y quedará abierto un periodo de 48 horas para que los inconformes —previa solicitud, por escrito— accedan a una revisión.

El viernes 10 quedarán definidos los protagonistas de la tercera fase de este proceso de selección. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, serían admitidos hasta 50% de los aspirantes examinados a la “evaluación específica de idoneidad”, consistente en la valoración del expediente. Una semana, para esa criba. Entre el 17 y el 22 de marzo, los 100 aspirantes mejor evaluados serán llamados a entrevistas personales.

Ni la Jucopo ni el Comité Técnico Evaluador han establecido un criterio de desempate. Tampoco hay previsiones, en caso de que el Tribunal Electoral revoque las prohibiciones aplicadas a casi medio centenar de “participantes” cuyo registro fue rechazado.

Las resoluciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF no han sido tomadas en cuenta por los evaluadores. La sentencia al juicio para la protección de los derechos del ciudadano 74/2023 obliga a integrar la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE únicamente con mujeres.

La paridad y la alternancia de género son conceptos en redefinición. También, la discriminación para varones y personas no binarias.

Y la reelección. Los magistrados electorales están por resolver el caso de la consejera electoral Carla Humphrey, quien solicitó participar en este proceso de selección, en pos de la presidencia del Consejo General, pero fue impedida por los evaluadores.

Humphrey sostiene que para el caso de órganos colegiados —como el INE— la Constitución establece que cualquiera de los integrantes de los respectivos plenos puede aspirar a su presidencia, por lo que negarle participar es violatorio de sus derechos fundamentales.

Efectos secundarios
IMPACTO. El gobierno de la CDMX dio la bienvenida a Airbnb, a pesar de las prevenciones de su secretaria de Finanzas. La regulación de esa plataforma para gestionar a huéspedes está en ciernes y en ese contexto surgen datos contundentes: desde que inició operaciones, ha pagado más de 1,400 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre el Hospedaje. Durante el 2021, según un estudio de Oxford Economics, los huéspedes que reservaron a través de Airbnb gastaron 4,700 millones de dólares en negocios locales y apoyaron aproximadamente 97,000 empleos.