En la conformación del Instituto —enfatiza la convocatoria— se procurará la experiencia de materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como la equidad de género
La primera generación de comisionados del órgano garante del acceso a la información pública y la protección de datos personales fue designada por el Senado de la República hace ocho años. De los siete integrantes originales del nuevo INAI —el ente que sustituyó al IFAI, que funcionó durante una década—, solo quedará el zacatecano Francisco Javier Acuña Llamas.
Dentro de dos semanas expira el mandato de Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Ambos llegaron a esa instancia tras de presidir los institutos de acceso a la información en la CDMX y el Estado de México, respectivamente.
Su octenio en el INAI fue contrastante. En una primera etapa ambos buscaron la presidencia del órgano autónomo: uno, apoyado por un sector del PRI; otro, con sólidos apoyos en la izquierda. Ninguno pudo cumplir con ese anhelo; no por falta de voluntad, sino porque los acuerdos cupulares —y la paridad de género— gravitaron a favor de otros
El caso de Monterrey Chepov tiene una peculiaridad: una ausencia casi permanente al pleno del INAI y al despacho de su ponencia. Una licencia médica, por un accidente del que no se conocen muchos detalles, y la contingencia sanitaria derivada de la pandemia explican su forzado retiro.
Para bien y para mal, Guerra Ford dejará su impronta en el INAI. Encargado del diseño y la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, durante su paso por los órganos autónomos logró una posición de liderazgo, entre los comisionados de los institutos locales.
Para ocupar su vacante, media docena de oficiales de ese nivel presumen contar con su respaldo. Y también, dos funcionarios del INAI que colaboran directamente con el comisionado saliente, entre ellos Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, exsecretario ejecutivo del InfoDF cuando Guerra Ford fungió como presidente de esa instancia, y actual director de Evaluación de su ponencia.
La mitad de los 48 aspirantes a las dos posiciones se formaron en ese órgano y en el lnstituto de Transparencia del Estado de México. Tres comisionados mexiquenses y dos de InfoCDMX actualmente en funciones, entre ellos. Y tres expresidentes: Zulema Martínez, Mucio Israel Hernández Guerrero y Julio César Bonilla.
Del INAI, una docena de funcionarios entre ellos de los tres secretarios ejecutivos y cinco directores generales, aunque solo dos cuentan con el visto bueno de la comisionada presidenta: Benjamín Hill Mayoral, exfuncionario de la SFP durante el calderonismo y actual oficial mayor del INAI, y Luis Felipe Nava Gomar, enlace con los poderes Legislativo y Judicial.
Y exfuncionarios de la Función Pública, otro tanto. Además de Mendiola Jaramillo y Francisco Javier Varela, está Rosa María Bárcenas Canuas, quien ha trabajado para el Consejo de la Judicatura Federal.
Nuevamente, pocos representantes de organismos de la sociedad civil y de la academia. Las excepciones: María Solange Maqueo, catedrática del CIDE, Claudio Cirio Romero, de la UAT y Diego García Ricci, de la Ibero.
A través de su portal en Internet del Senado de la República, la Junta de Coordinación Política convocó a los aspirantes para las dos vacantes que habrá en el INAI a partir del próximo 30 de marzo. El sistema de registro cerró el pasado viernes 11, con 19 mujeres y 29 hombres inscritos.
En la conformación del Instituto —enfatiza la convocatoria— se procurará la experiencia de materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como la equidad de género.
Esta vez, empero, hay favoritos. Ricardo León Caraveo, exsecretario técnico del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y actual comisionado del ITAIP es el caballo negro en esta contienda. Y de los exINAI, destaca Ricardo Salgado Perrilliat, actual secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.
A más tardar el próximo miércoles 23, las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia acordarán el formato y la metodología para evaluación de los candidatos, que de acuerdo a la convocatoria, deberá contemplar un mecanismo para incorporar recomendaciones y sugerencias de la sociedad civil.
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