En la exposición de motivos, los senadores izquierdistas sostienen que ante el crecimiento exponencial de la industria de las apuestas en México “es imperativo garantizar la integridad y la transparencia en cada competición”
El Partido del Trabajo quiere cerrar la puerta de la corrupción en el deporte profesional de México. Y puso la mira en los equipos de la Liga MX de futbol, las empresas casineras… pero también a la autoridad regulatoria.
Una semana después de lo previsto, la iniciativa petista llegará al Senado de la República. Sus impulsores —con la intención expresa de proteger a los aficionados— quieren evitar los bochornos recientes del Brasilerao, tras de un reciente complot para amañar partidos en favor de una red de apuestas ilegales.
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no firma la propuesta. Pero cabilderos de los industriales del ramo lo señalan como su principal impulsor. Y sostienen que éste es un nuevo capítulo de su disputa con el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, principal accionista de Grupo Caliente. Su hijo Jorge Alberto, es el presidente de los Xolos.
En México, según los legisladores petistas, por lo menos siete de los 18 equipos de la primera división del futbol profesional son patrocinados por las casas de apuestas. “Las Águilas del América y los Xolos de Tijuana operan abiertamente bajo la propiedad de grupos empresariales que también gestionan casas de apuestas y sorteos”, suscriben los promoventes de la iniciativa, quienes sostienen que la FIFA prohíbe expresamente que los dueños de clubes estén asociados con empresas de apuestas.
“Esta problemática plantea un desafío ético y legal significativo, ya que los dueños de los clubes que también son propietarios de casas de apuestas pueden tener un conflicto de interés. Esto podría dar lugar a la percepción de que los partidos están amañados para beneficiar a quienes tienen intereses en ambas industrias. Aunque la relación entre la propiedad de equipos de futbol y casas de apuestas es pública, la Federación Mexicana de Futbol alega no estar al tanto de la situación”.
En tal virtud, la bancada petista propuso al pleno de la Cámara Alta una adenda a la Ley Federal de Juegos y Apuestas (sic) para incorporar un capítulo, denominado “de la prevención de la corrupción en el deporte”.
En la exposición de motivos, los senadores izquierdistas sostienen que ante el crecimiento exponencial de la industria de las apuestas en México “es imperativo garantizar la integridad y la transparencia en cada competición”.
Al prohibir que las casas de apuestas cuenten con acciones o sean propietarias de clubes deportivos —insisten— se evitarían conflictos de interés que puedan influir en los resultados de los eventos deportivos y se garantizaría que las apuestas se realicen de manera justa y transparente.
Las nuevas medidas afectarían inclusive a los atletas profesionales ya que si son patrocinados por una empresa del ramo, éstas no podrían abrir apuestas relacionadas con el evento deportivo en el que participe el club o el deportista en cuestión. “Así se protege la equidad en las competencias y elimina cualquier incentivo para el amañamiento de partidos”.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se propone que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Juegos y Sorteos, emita un Reglamento Especial para regular a las casas de apuestas en el deporte profesional, mismo que establecería las normativas y sanciones aplicables a los infractores.
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