Prácticas inmorales y desfalco a la Nación

La noche del jueves 24, los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal recibieron una misiva, por correo electrónico, firmada por el presidente de la República.

“Como es conocido por todos ustedes, en diversas ocasiones he manifestado que el principal problema de México es la corrupción, situación que en el pasado ha impedido un mejor desarrollo político, social, económico y cultural del país”, arranca la epístola de Andrés Manuel López Obrador, quien pernoctaría en Zacatecas, ciudad declarada patrimonio histórico de la Humanidad por la UNESCO hace una década.

La legislación vigente, subraya el Ejecutivo federal, condenan la evasión fiscal, el fraude, el desvío de recursos y otras omisas prácticas. Otras normas de carácter nacional —recuerda— también protegen el patrimonio cultural y artístico.

En ese entendido, detalla López Obrador, “quiero recordarles que todos los objetos, piezas, muebles, artefactos, máquinas, obras de arte y documentación que se encuentre en lugares públicos administrados por la Federación y ustedes usan, en algunos casos, para la realización de su trabajo, son propiedad de todos los mexicanos”.

“En particular, llamo la atención a ustedes sobre el vastísimo e incuantificable patrimonio que se encuentra en reservas naturales, edificios, museos, casas de cultura, plazas públicas, parques, monumentos y zonas arqueológicas, que junto con algunos acervos o fondos documentales, archivos, bibliotecas y otro tipo de bienes muebles o inmuebles, también son patrimonio de todos los mexicanos. Es corrupto aquel que daña, descuida, sustrae o vende cualquier bien nacional y permite, como ha sucedido recientemente, por ejemplificar, que casas subastadoras particulares de México y del extranjero, rematen nuestro patrimonio”.

“El gobierno y todos los servidores públicos tenemos la obligación de conservar, preservar y defender nuestro patrimonio cultural e histórico. Una acción en contra de esta política de Estado no es solo un delito, sino un acto de deshonestidad”.

Muchos de los documentos históricos o de las piezas arqueológicas de las culturas prehispánicas han sido subastados fuera del país, decretó López Obrador, han sido robados por particulares —nacionales y extranjeros— así como por servidores públicos.

Esas “prácticas ilegales e inmorales” que han permitido negocios privados con los bienes nacionales serán castigadas con base en la ley, advirtió el Ejecutivo federal, y serán señalados públicamente.

Efectos secundario
DEFENSORES. Bastaron dos semanas para que la comunidad del CIDE saliera de su letargo. La violencia verbal y el autoritarismo del director interino, José Antonio Romero Tellaeche, incentivaron un movimiento de resistencia que derivaría en una huelga estudiantil, si la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, le otorga definitividad en el cargo. En votación, alumnos y maestros tomaron una decisión irrevocable: si Romero Tellaeche es designado director general el próximo lunes 29, habrá paro.

OTRA CONSULTA. El PRI entregó el poder en Sinaloa a Morena, una de las entidades donde más simpatizantes tiene Andrés Manuel López Obrador. Al nuevo gobernador, Rubén Rocha, y al nuevo alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, les tocará hacer valer la voluntad de la mayoría, que se expresará este fin de semana en las mesas receptoras de la consulta sobre la planta de fertilizantes que Gas y Petroquímica de Occidente edificaría en la bahía de Topolobampo. Este proyecto, contemplado en el Plan Nacional de Infraestructura, resolvería los requerimientos del mercado nacional y, sobre todo, permitiría bajar los costos de esa materia prima para los productores agropecuarios, pero enfrenta la oposición de grupos ambientalistas e integrantes de la Nación Yaqui. La Cuarta Transformación hará valer el Estado de Derecho, pero sobre todo respetará la decisión de los sinaloenses. El seguimiento de esta consulta corre a cargo de la Secretaría de Gobernación.