Aunque Morena ya decidió que este año irá por una reforma electoral que afectará la integración del INE y del Tribunal Electoral
Por mera cortesía republicana, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea adelantó al Ejecutivo federal su decisión de concluir su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos ya sabían que sólo una minoría del Pleno estaría a favor de la ampliación del mandato y que el ministro ponente, Fernando Franco González-Salas, elaboró un proyecto contra la constitucionalidad de la medida.
Esa anticipación intentaba esquivar una catástrofe que pudo empeorar, por el empantanamiento en el Tribunal Electoral, que pasó de tener dos presidentes magistrados ha quedado acéfalo.
Zaldívar Lelo de Larrea quiso ponerse del lado correcto de la historia que escribe la Cuarta Transformación. Algunos detalles sobre los personajes que intervinieron en la inclusión de ominoso artículo 13 transitorio de la reforma judicial han quedado expuestos. Inmediatamente después de que fuera publicado el decreto —el pasado 7 de junio— surgieron señales claras de que integrantes del Pleno de ministros no darían su voto a favor de la ampliación del mandato del presidente de la SCJN.
El proyecto de Franco González-Salas —quien dejará la SCJN a finales de este año— fue implacable: el artículo 13 transitorio es contrario a los postulados del artículo 97 constitucional —que estipula que los titulares del poder Judicial de la Federación sólo pueden permanecer cuatro años en el cargo— además de que resulta violatorio de los principios de independencia y autonomía judicial.
Franco González-Salas propuso al Pleno de la SCJN —en sesión privada— corregir la extensión de dos años que el Senado de la República autorizó para la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 100 de la Carta Magna, insistió, señala que no pueden durar en el cargo más de cinco años.
Dicho proyecto no fue agendado para su discusión, pues antes deberá definirse si la consulta formulada por Zaldívar Lelo de Larrea es discutida por separado o junto con las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.
Los ministros tampoco dieron cauce a la controversia que el magistrado José Luis Vargas intentó tramitar para disputar la unción de Reyes Rodríguez Mondragón, quien durante cinco días se ostentó como presidente del Pleno del TEPJF. Su carta a la opinión pública atina en lo fundamental: la única salida a la crisis interna es la reconciliación. Finalmente, la política se impuso a los amagos y ambos darán un paso lateral, para instaurar una comisión especial que reencauce los trabajos de ese órgano jurisdiccional.
Aunque Morena ya decidió que este año irá por una reforma electoral que afectará la integración del INE y del Tribunal Electoral.
Efectos secundarios
Atorados. El pleito de los mineros representados por Napoleón Gómez Urrutia con Grupo México y Americas Gold&Silver está lejos de resolverse. Sin luz en el laberinto sobre el destino y los beneficiarios de los 55 millones de dólares entregados al SNTMMSS hace 20 años para constituir un fideicomiso para los empleados de Cananea y sin respeto a los acuerdos signados por los concesionarios de la mina San Rafael en Cosalá y los obreros, atestiguado por tres secretarias de Estado, auguran nuevos peligros en materia laboral para el T-Mec. Los empresarios canadienses ya dijeron que, si hay reinicio de operaciones, no habrá diálogo.
Ratificación. Luis Ernesto Rodríguez quedó como presidente de la CAAAREM y en la primera reunión del comité directivo de esa organización fue recibido el premio al diseño 2020 por la mejor campaña de comunicación sobre las medidas de seguridad ante la Covid-19, por Fernando Ruz, de DCI.
Insistencias. los comisionados del INAI han vuelto a instruir a la Fiscalía General de la República para entregar versiones públicas de las solicitudes y requerimientos de intervenciones a comunicaciones privadas, del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020, que se hayan realizado a autoridades y directamente a concesionarias de telecomunicaciones, autorizadas o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, así como del número de averiguaciones previas sobre las intervenciones de comunicaciones privadas para extracción y acceso a datos conservados en el 2019 y el 2020, y del total de carpetas de investigación y la cifra de las que permanecen abiertas.
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