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Una añeja promesa hecha hace cinco años por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez está a punto de concretarse. Entonces, la panista era alcaldesa de la capital y en su escritorio había más de medio millar de quejas contra el operador del agua potable y alcantarillado, por presuntos cobros indebidos.

La comisión municipal encargada del servicio fue reemplazada, en 1993, por una empresa privada, filial de Veolia, firma francesa líder en manejo de recursos hídricos y generación de energías limpias. El título de concesión fue gestionado por Carlos Lozano de la Torre, exalcalde priista y a la postre gobernador de la entidad.

Tere Jiménez abrazó esa bandera y prometió acabar con la privatización del agua, durante su campaña por la gubernatura, en el 2021. Entonces, hizo mancuerna con Leonardo Montañez Castro, quien ahora encabeza el cabildo capitalino, donde acaban de cerrar la puerta definitivamente a Veolia, no obstante sus recientes resultados.

Actualmente, la capital hidrocálida cuenta con una cobertura de agua potable de 99.1 y 93.7 % de suministro diario del líquido, con lo que su sustentabilidad hídrica está garantizada. Durante su gestión, la concesionaria logró que Aguascalientes pasara del cuarto al octavo puesto entre las ciudades con mayor estrés hídrico en el país.

El título de concesión contemplaba un plazo de 30 años para la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado para los casi 1.1 millón de habitantes de esta urbe. La empresa presentó formalmente una petición de prórroga, por cinco años, que fue rechazado por los regidores.

La decisión de las autoridades hidrocálidas resulta inapelable, por lo que Veolia deberá cerrar operaciones, lo que afectará a medio millar de empleados, entre directos e indirectos, y frenará los esfuerzos por la eficiencia en la operación del servicio comprometidos por la firma francesa.

La concesión expira el próximo 21 de octubre. En las semanas previas, los representantes de Veolia y las autoridades hidrocálidas se involucraron en un proceso de entrega-recepción. En la mesa queda una propuesta de “transición responsable” que garantizaría la continuidad del servicio sin afectaciones a la ciudadanía. El gobierno municipal simplemente la ignoró.

A una semana de que se cumpla el plazo, la incertidumbre entre los antiguos clientes de Veolia. El severo estrés hídrico de las épocas recientes ahora se ve agravado por dudas fundadas sobre la disponibilidad del recurso, pero sobre todo sobre la capacidad de las autoridades para dar cobertura a los servicios de agua potable, alcantarillado y reciclaje.

La pasividad del alcalde para encontrar una salida constructiva era una negativa ficta a las propuestas para hacer una transición responsable. Consultados al respecto, voceros de la firma francesa reiteraron su respeto irrestricto a la decisión, pero aseguraron que procurarán “por todos los medios a su alcance” garantizar los intereses de la comunidad, los colaboradores y la compañía.

“Estas omisiones colocarán a la ciudadanía en una posición vulnerable al momento de que el municipio tome la operación del servicio y ya que no están técnicamente preparados para asumir esta gran responsabilidad”, puntualizaron, “esta situación que puede tener una consecuencia negativa para la estabilidad social de la comunidad hidrocálida”.

Efectos secundarios
IMPACTADOS. Después de 16 años, el refugio animal de Isla Mujeres fue desalojado por la actual administración municipal, hace seis meses. Su fundadora, Alison Sawyer, emprendió una carrera contrarreloj para reunir los fondos necesarios para reubicar Isla Animals en Cancún, pero en este tiempo solo ha podido recabar la mitad de lo necesario para construir el nuevo albergue. El desalojo y la consiguiente presión financiera han tenido un devastador efecto dominó en la capacidad de la organización para prestar servicios críticos a animales hambrientos, enfermos y abandonados.