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La reforma electoral del 2014 —uno de los productos del llamado Pacto por México— introdujo un nuevo modelo de comunicación política y facultó al INE a regular la publicación de encuestas de preferencias electorales durante las distintas etapas de las campañas federales.

Incluso antes, las firmas demoscópicas estaban obligadas a entregar la base de datos y también debían informar sobre el patrocinador (en caso de haberlo) del estudio.

Las encuestadoras —en cumplimiento del acuerdo CG220/2014— deben registrarse en el padrón nacional de proveedores del INE y cumplir con especificaciones científicas, antes de difundir sus resultados. Los consejeros electorales y los dirigentes de las organizaciones gremiales (AMAI y CEDE) apostaron por la autorregulación, pero en esa década aciaga, las encuestas sobre las preferencias de los votantes se han degradado. El punto de inflexión ocurrió en las campañas por la gubernatura del Estado de México, hace un año.

Primero por la vía de una reforma legal —en diciembre pasado— y más reciente, en el seno del Consejo General del INE, el PAN ha promovido un cambio sustancial en esta materia. El representante del blanquiazul, Víctor Hugo Sondón Saavedra, argumentó que debe evitarse su utilización, para manipular a los votantes.

“La integridad electoral y las encuestas preelectorales tienen sentido en la legitimación del ejercicio democrático, siempre y cuando sirvan como herramienta al voto informado de los ciudadanos y no así como un mecanismo de desinformación o manipulación del voto”, definió.

La creación de un Registro Nacional de Personas Físicas o Morales dedicadas al levantamiento y publicación de encuestas y un nuevo conjunto de reglas para garantizar la integración de un repositorio de las encuestas de acceso público, de carácter obligatorio. Además, los encuestadores quedarían obligados a revelar el origen y aplicación de los recursos económicos utilizados en las encuestas electorales, para “transparentar una actividad política y evitar que se utilicen como una forma de realizar propaganda proselitista simulada”; mientras que el INE implementaría una fiscalización especializada para vigilar el origen y uso de los recursos.

Después de tres rondas de discusión, la propuesta fue rechazada unánimemente por los consejeros electorales. Pero afloró —nuevamente— la pertinencia de frenar los abusos de los malos encuestadores.

Efectos secundarios
CORRECCIONES. Las reclamaciones contra Servicios Integrales de Salud Nova, la aseguradora de Paulino Encarnación Decanini Garza, se multiplican en distintas instancias. Y los fallos, en su contra. En el Juzgado 16° en Materia Oral Mercantil de Jalisco ya han salido resoluciones por su omisión en la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores y una indemnización por retraso e intereses moratorios, que le obligan a pagar medio millón de pesos a una clienta. Dichos fallos ya han sido comunicados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien deberá intervenir de manera supletoria. Las autoridades laborales atienden los reclamos de los trabajadores de SiS Nova por falta de pago. ¿Y la insolvencia? Mientras, las áreas de supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas siguen sin información.

RASTROS. Ante los embates de sus competidores, los directivos de B Drive IT y Engine Core optaron por el bajo perfil… aunque es inevitable que sean noticia. Esta vez, por una buena razón: Best Place to Code las ubicó entre las empresas que ofrecen las mejores condiciones de trabajo y carrera para los profesionales de software en la categoría ‘Consultoría Global’, con más de 100 desarrolladores en su nómina. Es notorio su crecimiento en México y Colombia.