Pasaron casi tres años desde que el IFT convocara a una consulta pública sobre las nuevas disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite
Dentro de seis meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplirá una década de trabajo intermitente. En la última etapa, sobre todo. Por la pandemia, desde la primavera del 2020, pero también por notorias ausencias en el pleno de Comisionados.
Pasaron casi tres años desde que el IFT convocara a una consulta pública sobre las nuevas disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite. El plazo originalmente contemplado —de 30 días hábiles— tuvo que extenderse, por causas de fuerza mayor, hasta el 3 de agosto del 2020. En seis meses se recibieron 24 participaciones que tardaron dos años en ser sancionadas por la Unidad de Espectro Radioeléctrico, que finalmente sometió a la Comisión de Mejora Regulatoria su propuesta, para una opinión no vinculante.
Un mes después, las nuevas disposiciones llegaron al Pleno y fueron enviadas al Diario Oficial de la Federación, para su publicación. Esta actualización regulatoria busca hacer más eficiente y competitivo el mercado de comunicación vía satélite y recursos orbitales.
Este ecosistema de comunicación depende del despliegue de infraestructura asociada a sistemas satelitales para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, banda ancha e Internet con la mayor cobertura, conectividad y calidad.
Los operadores del servicio —de acuerdo con el Inegi— están conformados por 128 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de empresas del ramo son la Ciudad de México con 26 unidades, el Estado de México con 14 unidades y Jalisco con 12 unidades. Según datos del Censo Económico 2019, sus ingresos fueron de 1,250 millones de pesos, 1,067 millones se generaron en la CDMX.
Al cierre del 2022, el IFT tiene 39 títulos habilitantes vigentes, que corresponden tanto a concesiones de recursos orbitales como a autorizaciones de aterrizaje de señales, de los cuales 33 empresas o instituciones son titulares de alguno de los referidos títulos habilitantes. Además, conforme a la información obtenida del Registro Público de Concesiones del Instituto, se tiene que existen registros de 322 títulos habilitantes correspondientes a 286 operadores de Autorizaciones de Estaciones Terrenas Transmisoras.
Dentro de los principales tópicos que aborda esta nueva regulación se encuentran: la introducción de la figura de “autorización genérica” de estaciones terrenas transmisoras (o blanket license), por medio de la cual a través de una sola licencia se autoriza el despliegue y operación de diversos modelos de estaciones terrenas transmisoras, lo cual dará más agilidad y flexibilidad al despliegue de infraestructura satelital.
Igualmente, flexibiliza el uso privado con propósitos de radioaficionados vía satélite sustituyendo el modelo actual por un registro simplificado ante el Instituto. Considera las misiones de corta duración, que son de gran importancia para la investigación y la innovación por parte de las instituciones públicas de educación superior, y la regulación adecuada de un plan de reemplazo satelital, la desorbitación, reubicación y operación en órbita inclinada para buscar garantizar la preservación de los recursos orbitales asignados a favor del Estado mexicano.
Efectos secundarios
Motores. Acaba de presentar su cuarto informe Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Entre el cúmulo de resultados en materia de seguridad, inversión y desarrollo social, destaca un repunte importante de la agroindustria, que tiene a la actividad porcícola como su bastión, al haberse convertido en la principal generadora de empleos en el interior de la entidad. Datos de la STPS destacan que en Yucatán existen más de 20 mil empresas, de las cuales solo 15 son las que generan más empleados. En el estado operan casi 21 mil establecimientos (2% del total nacional), de estos, 2.7% pertenece al sector agropecuario, 28.3% a las industrias, 27.1% a comercio y 41.9% a servicios.
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