Los socios de Gil Zuarth

Roberto Gil Zuarth dejó su escaño en el Senado de la República justo hace tres años, apenas si había arrancado el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. De manera abrupta terminaba con una década de cargos públicos de primer nivel para retirarse —a los 41 años— y retomar sus actividades privadas, como abogado.

En su paso por la Cámara alta, presidió la mesa directiva, justo a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas formaba un bloque de excolaboradores cercanos a Felipe Calderón que alcanzaron fuero y defendieron el legado del último presidente panista.

En la mesa directiva le antecedió Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien además era coordinador de la bancada perredista. Esa legislatura produjo una camada de gobernadores de todos los signos partidistas.

Los nexos del exsenador panista y el gobernador de Puebla se remontan a la década anterior y se fortalecieron en el sexenio peñista, cuando ambos ocuparon un escaño en la Cámara Alta. Abogados, especializados en el litigio electoral, ambos tuvieron un papel relevante en el proceso legislativo que derivó en el nombramiento de los integrantes de los órganos autónomos.

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial, por ejemplo, llegó Reyes Rodríguez Mondragón, quien había fungido como secretario técnico de la Comisión de Justicia, que entonces presidía Gil Zuarth. Y al INAI se incorporó el abogado zacatecano Francisco Acuña Llamas, quien dejó en el camino al michoacano Ernesto Villanueva, quien contaba con el respaldo de Barbosa para presidir el nuevo órgano garante del acceso a la información. Para el INE, en cambio, entonces habrían bloqueado el ascenso de Carla Humphrey —exesposa del parlamentario panista—, no obstante que la exconsejera del IEDF estaba entre las aspirantes mejor evaluadas.

Ambos legisladores estaban en el centro de un bloque de senadores que, sin desafiar la línea de las dirigencias partidistas, tenía “vida propia” y un proyecto transexenal cuya vigencia ahora mismo es una incógnita.

Una generación de abogados que unió sus destinos en las épocas preparatorianas y que estrechó lazos en sus estudios de posgrado, en España.

Expulsados de la cúpula panista, desde el ascenso de Ricardo Anaya, los calderonistas tomaron una ruta apartidista, pero —de acuerdo con la evidencia recabada en el último bienio— una facción estaría cercana al Movimiento Ciudadano. Otra, encabezada por Gil Zuarth, enfocó a los negocios. En Accuracy —una firma de consultoría y servicios legales— estaría con sus excolegas parlamentarios, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury, pero el escándalo de los sobornos presuntamente pagados por Emilio Lozoya en la aprobación de la reforma energética del sexenio anterior, dio al traste con su modelo de negocio.

Los asociados al despacho atendieron con diligencia a los gobiernos de Puebla y Tamaulipas. Y justo sus lazos con aquella entidad fronteriza explicarían la reciente beligerancia de un sector morenista contra Gil Zuarth. El mismo expediente que había sido filtrado sobre el manejo de sus cuentas bancarias ahora soporta la exhibición de “pruebas irrefutables” de su injerencia en la acción judicial contra los patronos de la Universidad de las Américas-Puebla.

Detrás estarían litigantes y notarios tabasqueños que habrían ayudado al exsenador panista a establecer contacto con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. O al menos eso presumían hasta hace unas semanas…

Efectos secundarios
DECRETITIS. Después de su trabajo para enrutar al Tren Maya, desde la SEDATU, María Estela Ríos González aterrizó en la Consejería Jurídica del Gobierno de la República, para ocupar la vacante de Julio Scherer Ibarra. Y en las últimas dos semanas, por instrucciones superiores, ha trabajado en dos documentos: el decreto que extinguirá 16 órganos desconcentrados —entre ellos el SNA, Firco y Focir— y la proclama presidencial que permitirá a la aviación comercial aterrizar en la terminal aérea de Santa Lucía, a través de un paquete de beneficios que el nuevo subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.

¿REPRESALIAS? Sin cobrar por el aseo de las oficinas de atención al público del Servicio de Administración Tributaria desde hace seis meses, la firma Joad Limpieza fue advertida de una retención de los pagos, por parte de la administradora General, Paloma Aguilar Correa. A finales del año pasado, sus representantes entregaron una misiva a la titular del SAT, Raquel Buenrostro —con copia al secretario Rogelio Ramírez de la O— donde se hace un llamado a terminar con las persecuciones y demandaron pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.