Las aprensiones de SisNova

Ni el involucramiento de médicos reconocidos y clientes con derecho de picaporte en el Zócalo ha podido terminar con el drama de SisNova, firma aseguradora que desde hace dos años opera debajo del mínimo requerido —763 millones de pesos— por la autoridad regulatoria.

Al borde de la insolvencia, esta empresa regiomontana acumula irregularidades en los servicios que sigue ofertando al público, sin prevenciones de las autoridades al público. El pago directo en hospitales y las indemnizaciones a los asegurados de reembolsos de gastos médicos han sufrido prórrogas. Las renovación de pólizas para pacientes con enfermedades preexistentes han sido rechazadas. Y el pago de las comisiones a los agentes aseguradores, suspendidos hasta nuevo aviso.

La empresa neolenesa —su sede central está en San Pedro Garza-García— celebró la semana pasada su 23 aniversario y dentro de 10 días cumplirá 20 años en el mercado asegurador, tras de haber recibido autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Su fundador, el actuario Mariano Humberto García Leal, había incursionado en el ramo de los seguros de accidentes y enfermedades con Medi Access.

Sisnova ofrece seguros de gastos médicos mayores. Entre sus clientes, personas físicas, empresas y organismos públicos, cuyas pólizas ya no son susceptibles de renovación. Una situación crítica que —de acuerdo con agentes del ramo— se ha extendido más de 18 meses: caducaron sus convenios con hospitales, los pagos a proveedores (médicos y hospitales) fueron suspendidos y los reembolsos a los asegurados también están detenidos o muy retrasados.

Las primeras señales de alerta surgieron de los agentes de seguros —a mediados del año— con múltiples quejas de beneficiarios con pólizas de preexistencias graves a los que SisNova ya no quiso proteger. “Estamos en una etapa de restructuración y recapitalización”, recibieron como respuesta. Algunos clientes aceptaron otras alternativas, pero pacientes bajo tratamiento y al corriente de sus pagos acudieron a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Desde agosto, SisNova carecía de contratos de reaseguro. El regulador había detectado (en febrero) un faltante de 89.5 millones de pesos en la base de inversión, aunque en los estados financieros había múltiples señales de alerta. Para asegurar condiciones mínimas de operación, la CNSF requirió un plan de regularización que fue presentado en mayo y aprobado en agosto. Los directivos de la firma regiomontana ofrecieron realizar un aportación de 100 millones de pesos para reestablecer la cobertura de todos los parámetros de solvencia.

La fecha límite para cumplir con el plan de regularización era el 7 de septiembre. Un mes después, seguía sin cumplir, pero ya había solicitado una prórroga.

El 18 de octubre, el presidente de la Amasfac, Gerardo de la Garza, remitió un oficio al titular de la CNSF, Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, para exponer los problemas generados por SisNova entre sus agremiados, particularmente por el incumplimiento de la renovación garantizada, contemplada en la extensión anual de los contratos.

En su respuesta, el funcionario confirmó que la aseguradora regiomontana está sujeta a un procedimiento jurídico para acreditar el pleno cumplimiento de sus obligaciones de solvencia. Y el 21 de octubre, requirió medidas adicionales para subsanar los saltantes en la cobertura de los parámetros de solvencia, que debían ser presentadas el 1 de noviembre.

Agotados los 30 días naturales concedidos por la CNSF, ¿dará inicio el proceso de revocación de la autorización a SisNova para operar como institución de seguros ante el reiterado y sistemático incumplimiento regulatorio?