¿Ingobernabilidad minera?

Las negociaciones para reabrir las minas bloqueadas —en unos casos por ejidatarios y en otros por obreros afiliados al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia— han sido procesos “muy desgastantes”, influidos por “injerencias incómodas”, incluso de agentes foráneos.

La incertidumbre para los inversionistas y las luchas entre facciones sindicales conciernen a las secretarías de Economía y Trabajo. Pero en el Palacio de Covián atienden instrucciones presidenciales y —sobre todo— buscan preservar la gobernabilidad en el país. A lo largo del sexenio, el equipo de la secretaria Olga Sánchez Cordero ha atendido a los inversionistas que demandan la prevalencia del Estado de Derecho y la seguridad de sus inversiones en el sector minero.

Así ha ocurrido con empresarios mineros, como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, y los inversionistas norteamericanos y europeos que insisten en aplicar la ley y frenar los paros ilegales de los mineros sindicalizados.

El gran pendiente, en este ramo, es el bloqueo a la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, que está por cumplir 14 meses ininterrumpidos.

“Hemos hecho nuestra tarea y a la mesa —con la presencia de las autoridades involucradas— han acudido las partes para exponer sus posturas y plantear sus demandas”, insisten funcionarios federales que dan cumplimiento a las instrucciones presidenciales, “les hemos hecho saber que el Estado de derecho debe ser respetado por todos”.

Los representantes de los empresarios canadienses han insistido en que los indicios de la vinculación de Beltrán con el crimen organizado de la zona y su interés de mantener estratégicamente el negocio minero para la transportación de mercancías ilegales “son evidentes”. Y se han quejado de la inacción del gobierno de Sinaloa, a pesar de las denuncias interpuestas contra Beltrán y otros 14 afiliados al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

Las autoridades insisten en que están obligadas a la presunción de inocencia y apegarse al debido proceso. “A la fecha no hay una denuncia penal —ni en Sinaloa ni en la FGR— por su presunto involucramiento con el crimen organizado. Si la empresa tiene evidencias, es su obligación acudir ante las autoridades judiciales”.

Sobre las versiones que apuntarían a una acción de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Yasser Beltrán, no hicieron comentarios.

Hace dos semanas, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un informe sobre las negociaciones con los mineros. Ayer, emplazó a las secretarias Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde Luján para que presenten los avances. Al grupo se incorpora la titular de SEMARNAT, María Luisa Albores, para reportar sobre las acciones para mitigar la contaminación del Río Sonora. ¿Y la secretaria de Economía?

Y es que ante lo que califican como cerrazón de las autoridades mexicanas, los empresarios canadienses no descartan optar por el arbitraje internacional.

Esto se da en el contexto de la primer demanda laboral de un sindicato estadounidense a México bajo el T-MEC, lo cual empieza a complicarle el panorama al gobierno del país y en particular a Tatiana Clouthier, quien el próximo 17 y 18 de mayo tendrá su primer reunión uno a uno con su contraparte de los EU para tratar entre otros temas el primer caso de conflicto laboral con las reglas del T-MEC.

Efectos secundarios
¿RELEVO? Los dirigentes de Movimiento Ciudadano analizan cuidadosamente los escenarios que plantea la investigación contra su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. ¿Anulación del registro o cancelación de las elecciones? Si el Senatore saliera de la boleta electoral ya tienen al sustituto. ¿Sus iniciales? Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿O ese era el plan A?

FUGAS. El contrabando de gasolinas en las aduanas de la frontera norte iba a la baja, gracias a las acciones de los mandos militares en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Pero los autotanques con los hidrocarburos que eluden los sistemas de vigilancia siguen cruzando por otros puntos fronterizos, lo que comprueba que el voluntarismo de la Cuarta Transformación o la militarización de las aduanas serán insuficientes para combatir al crimen, si no se cuenta con la maquinaria que identifique realmente qué sustancias liquidas ingresan al país y cuántos impuestos se deben pagar.