A pesar de los sabotajes y las resistencias, el Estado de México tendrá presupuesto. Y el aeropuerto a Santa Lucía, accesos terrestres en 50 días. ¿Y después?
El Ejecutivo priista propuso y el Legislativo, con mayoría morenista descompuso en el Estado de México. El paquete fiscal para el penúltimo año de la administración de Alfredo Del Mazo quedó congelado por una facción radical del partido izquierdista que —al margen de los acuerdos avalados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández— llevó la aprobación del presupuesto hasta el límite.
La petición de deuda tramitada por el mandatario priista —9,500 millones de pesos— no fue autorizada por la mayoría morenista que buscaba reorientar los recursos del fondo de fortalecimiento municipal hacia demarcaciones de la Zona Oriente… gobernadas por Morena.
Para destrabar la maquinaria legislativa tuvo que intervenir directamente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien recibió a una treintena de diputados mexiquenses en sus oficinas del poniente de la Ciudad de México, a mediados de la semana en curso. Un bloque de representantes populares, encabezado por Faustino de la Cruz Pérez, insistían en su negativa a cualquier concesión. “Vamos a cargar con el costo político y el pueblo nos lo va a cobrar”, plantearon.
El presidente nacional del partido gobiernista llamó a su bancada a un “voto razonado” y pidió que abrieran un espacio a los funcionarios estatales encargados de la gestión presupuestas y las obras de conexión a la nueva terminal aeroportuaria de Santa Lucía.
En privado, los legisladores y los secretarios deliberaron en una jornada extenuante, pero sin exabruptos. Y quedó el camino allanado para concluir con el proceso de dictaminación, con la última sesión de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público, para que este fin de semana el Pleno apruebe el paquete fiscal. ¿Sin debate y en votación económica?
La mayoría morenista dará sus votos a un presupuesto de egresos 2022 con un techo de endeudamiento de 5,500 millones de pesos, de los cuales 1,800 millones quedarían etiquetados para “obras de alto impacto” y el resto —3,700 millones— se volcarán las próximas seis semanas para completar la infraestructura vial al aeropuerto Felipe Ángeles.
Un distribuidor vial, a cargo del gobierno mexiquense, ya está concluido, pero sigue pendiente la extensión del Circuito Mexiquense, mientras que el gobierno federal sufragará la ampliación de carriles del Camino a Tonanitla, que será la principal vía de acceso al nuevo complejo aeroportuario.
El Trobelús Milpa Alta-Chalco, la modernización del camino a San Jerónimo, los dos entronques a la carretera federal México-Pachuca y el tren suburbano Buena Vista-Santa Lucía son obras de gran calado que serán completadas al final de este año.
Para entonces, las operaciones en el Felipe Ángeles deberán involucrar a cinco empresas de aviación de carga y por lo menos seis aerolíneas de pasajeros: VivaAerobús, Volaris, Aeromar, Magnicharters, Copa Airlines y ALA, la empresa representada por José Luis Garza, que formalizó su petición ante la AFAC apenas la semana pasada.
A pesar de los sabotajes y las resistencias, el Estado de México tendrá presupuesto. Y el aeropuerto a Santa Lucía, accesos terrestres en 50 días. ¿Y después? La mayoría morenista en el Congreso mexiquense retomará su propuesta de una nueva Constitución, antes de los comicios para renovar la gubernatura.
Efectos secundarios
REBELIÓN. Luego de dos meses de indefiniciones, el consejo técnico consultivo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electríca del IPN designó al nuevo director general ese esa institución, la más grande dentro del sistema politécnico. Un bloque de estudiantes y académicos han rechazado la decisión y también la notificación hecha por el titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, de regresar a clases presenciales. En vez de eso, amagaron con un paro indefinido de labores que estallará el próximo lunes 31.
Minuto a minuto
