Extorsionistas en el Inai

Invitados por el Inai, más de un centenar de periodistas de investigación de distintas nacionalidades celebra su Congreso Internacional. Ninguno, empero, acudió al Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los reporteros que desenmascararon los excesos de los altos mandos del órgano garante del acceso a la información.

Clasificada hace ocho años como confidencial, la información sobre las erogaciones del excomisionado Óscar Guerra Ford con una tarjeta corporativa fue divulgada por la revista Contralínea. Se supo que los encargados de la transparencia usaban su American Express para irse de compras a costillas del erario —saludó el Ejecutivo federal— gracias a los medios alternativos.

Los consumos en Curazao —exhibidos hace un mes— forzaron la renuncia de Guerra Ford a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. Bajo sospecha, por otro expediente añejo, quedó también Rosendoevgueni Monterrey, excomisionado y entonces secretario ejecutivo del Pleno.

“Basta de extorsiones. Denuncia”, es el título del mensaje electrónico que circuló a mediados de junio del 2022 ampliamente entre mandos medios y superiores del Inai ni la entonces directora de Quejas y Denuncias, Silvia Gómez, ni la actual titular del OIC, Alma Patricia Sam Carbajal, atendieron los señalamientos contra Monterrey y su entonces jefa de ponencia, Irlaene Alaciel Galván, quien fue cesada esta semana, en vísperas de la elección del relevo de la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.

La opacidad en el Inai ha quedado expuesta, pero ¿será sancionada? Los malos manejos involucran a la actual administración y pasan por el arrendamiento financiero de la sede central del Instituto por 240 meses y 683 millones de pesos; la recurrente contratación de personal eventual y de confianza, a cargo de los capítulos 1000 y 3000, y los pagos a despachos que han asumido variadas tareas, como la revisión de los registros contables, las demandas laborales y la organización de banquetes y eventos especiales.

En vísperas de la elección de su nuevo presidente, el Pleno del Inai padece los escarnios de la mañanera, pero afronta una auditoría forense. El titular de la ASF, David Colmenares, requirió nueva información sobre los gastos cubiertos con la tarjeta corporativa, así como los viáticos ejercidos por los comisionados durante viajes nacionales e internacionales.

Con el mismo apremio, el auditor superior ordenó que la titular del OIC del Inai, Alma Patricia Sam Carbajal, entregar sus resoluciones sobre el presunto cobro de moches —las denuncias involucran a Irlaene Galván, Luisa Hernández y Juan Carlos Carrasco, quienes colaboraron con Rosendoevgueni Monterrey—, hostigamiento sexual, discriminación, cohecho y acoso laboral.

Antes las acusaciones en la mañanera, los comisionados prefirieron tragar sapos. Norma Julieta del Río, quien ofreció a Guerra Ford la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencias, fue la última integrante del Pleno en hablar con él antes de su remoción. Darle el beneficio de la duda, dados los múltiples antecedentes, era un riesgo necesario.

El excomisionado repitió los argumentos que expuso hace nueve años —todos los “gastos personales” hechos con la tarjeta corporativa fuer reembolsados, incluidos intereses moratorios— sin aludir cuestiones personales. Su derecho a la intimidad quedó protegido, cuando aceptó presentar su renuncia irrevocable.

Otros funcionarios del InaiI están involucrados. Guerra Ford recordó que entre sus compañeros en el Curazao estuvieron el actual comisionado, Adrián Alcalá Méndez y Víctor Manuel Díaz Vázquez, entonces comisionado del órgano garante en Morelos, quien después llegaría al INAI como director de enlace con autoridades laborales.

Del Río ahora enfrenta cuestionamientos sobre su patrimonio, en un capítulo más de las riñas internas que han frenado la marcha de esa institución, próxima a cumplir 20 años.