¿Y qué pasará con los 150 outlets identificados con Morena —entre ellos una veintena dedicados exclusivamente a la guerra sucia— que ya trabajan para la campaña de la maestra Delfina?
Hace mes y medio, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México buscó —sin éxito— a las “jurídico colectivas” conocidas como Facebook, Twitter e Instagram. Una queja presentada por el presidente del PAN en Toluca, Juan Carlos Núñez Armas, por la difusión de encuestas sobre la preferencia electoral en el Estado de México, difundidas en periódicos digitales y en diversas redes sociales.
Estaba por terminar el periodo de intercampañas y el representante blanquiazul buscaba frenar el aluvión de mediciones que registraron la ventaja holgada de Delfina Gómez sobre Ale Del Moral. Mientras iniciaba el proceso sancionador, el quejoso solicitó retirar las encuestas publicadas en redes sociales y periódicos digitales.
En la treintena de probables infractores figuran influencers cercanos al oficialismo, pero también casas encuestadores y los administradores de los periódicos digitales Expansión Política, Publimetro, Líder Empresarial, político.mx y reforma.com.
La falta de datos exactos sobre la identidad y el lugar de localización de algunos denunciados impidió que el IEEM concluyera su trabajo sancionador. Ante esa probable omisión, Núñez Armas acudió al Tribunal Electoral estatal, donde el caso fue remitido a la ponencia del magistrado, Raúl Flores Bernal.
Las encuestadoras que midieron las precampañas mexiquenses acreditaron a sus representantes legales y ofrecieron medios de prueba. Los polls of polls quedaron exentos en esta investigación por no ser “una publicación original”.
Solo cuatro de los probables infractores —Campaigns & Elections México, Percepción Social, FactoMétrica y TResearch— fueron sancionadas, con una amonestación pública que —según los magistrados— será suficiente para disuadir la posible comisión de faltas similares durante las campañas.
La regulación del modelo de comunicación política, estipulada en la legislación electoral vigente, es inoperante. Enfocado a los medios convencionales —principalmente la prensa escrita, la radio y la televisión— es excesivamente permisivo con las redes sociales y particularmente obsequioso con los gigantes de la internet.
En Coahuila y el Estado de México, para citar los casos inmediatos, la Constitución ordena la suspensión de la difusión de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, los municipios y cualquier otro ente público. Las excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
El INE estableció que los sujetos obligados a cumplir con esta disposición, hasta el próximo 31 de mayo, son 384 estaciones de radio y canales de televisión de 12 entidades federativas, cuya es vista en el Estado de México, y otras 267 emisoras de seis estados que influyen en Coahuila.
¿Y qué pasará con los 150 outlets identificados con Morena —entre ellos una veintena dedicados exclusivamente a la guerra sucia— que ya trabajan para la campaña de la maestra Delfina?
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