Y mientras, levanta entusiasmo la propuesta estadounidense de explorar la producción de electricidad en el Golfo de California con aerogeneradores
Andrés Manuel López Obrador recibiría a John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca sobre cambio climático, con un gesto categórico: su petición para “hacer una pausa” a las empresas españolas en México.
Esa insólita propuesta tenía un destinatario: Iberdrola, la productora de electricidad con 20 años en territorio mexicano, identificada por la Cuarta Transformación —para bien y para mal— como consentida de las administraciones panistas.
Con una intimidante parsimonia, AMLO desarrolló la narrativa contra las empresas culpables —siempre desde su perspectiva— de la decrepitud de la Comisión Federal de Electricidad. Y en vísperas de la discusión de su iniciativa legal para nacionalizar la industria eléctrica enfiló hacia la firma vasca.
¿Chauvinismo o la protección al consumidor? El debate sobre las tarifas pagadas por los corporativos a CFE está en curso e involucra a otros protagonistas. La defensa de los ejidatarios que rentaron sus parcelas a Iberdrola en el Istmo de Tehuantepec propició la reacción hacia lo que AMLO califica una “segunda conquista”.
La expulsión de los inversionistas ibéricos del sector eléctrico no ocurrirá por la vía de las expropiaciones. Pero la expansión de las energías renovables en México es prioritaria para la administración Biden y así lo ha notificado a través de la vicepresidenta, Kamala Harris, del representante presidencial Kerry y de la secretaria Jennifer Granholm.
El foco de Cuarta Transformación está puesto en el desarrollo económico del sureste. Por su parte, las autoridades estadounidenses quieren preservar el Mar de Cortés y están atentos a los avances en la edificación de la central fotovoltaica más grande de América Latina en Puerto Peñasco —en terrenos “donados” por el empresario Daniel Chávez Morán— con una inversión de 20,000 millones de pesos.
El almacenamiento y la distribución de la energía eléctrica serán los asuntos a resolver. Y la vigencia de los contratos con las empresas californianas y de Nuevo México, también, de acuerdo a lo planteado por Kerry ante distintos interlocutores durante su estancia en la CDMX, hace dos semanas.
AMLO ya había enviado su mensaje a las empresas españolas. La pausa inició justo antes de que el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica tuviera su primera sesión fuera de San Lázaro, la semana pasada. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, había garantizado que los representantes de Iberdrola expresaran sin cortapisas su postura.
No era una concesión. La firma catalana había solicitado —al igual que SAVI Energía, Águila de Altamira, Fisterra Energy y otros afiliados a la AME— intervenir en los debates legislativos. El encuentro de Monterrey es el que mayor participación de la iniciativa privada ha tenido —hubo representantes de FEMSA, DeAcero, Xignux, GIMSA y Ternium, entre otros— con 39 ponencias que sustentaron académicos del Tec de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho y la UANL.
La voz de Iberdrola todavía no se escucha. Y mientras, levanta entusiasmo la propuesta estadounidense de explorar la producción de electricidad en el Golfo de California con aerogeneradores.
Efectos secundarios
AMENAZAS. Al margen de la organización sindical que presenta al personal administrativo y académico —el SNTE—, trabajadores encargados del aseo de los 105 inmuebles del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México amagaron a la administración encabezada por Arturo Reyes Sandoval con paros de labores, en caso de que se ejecute la instrucción de prestar ese servicio solo con el personal indispensable, según la información proporcionada a finales de la semana pasada, lo que dejará sin fuente de ingresos a decenas de empleados. Eso sí, el contrato asignado a Joad por el secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo —como consta en la licitación IA-011B00001-E32-2022— recibirá 100% del monto del contrato.
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