El rescate de Cofepris

Luego de dos décadas y tres administraciones federales, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios había pasado a ser una “facilitadora”, más que la agencia reguladora de la industria farmacéutica. Para reconducir sus destinos y desmembrar a la red que había capturado a dicha institución, adscrita a la Secretaría de Salud, el presidente designó a José Alonso Novelo Baeza.

Empresario porcicultor, fundador del movimiento cuatroteísta, el pediatra yucateco atendió a regañadientes la instrucción presidencial de trabajar con el subsecretario Hugo López-Gatell en la implementación de la reforma a la NOM 051 para el etiquetado de alimentos y bebidas alcohólicas.

Entre las primeras ramas empresariales que diagnosticaron con precisión a la Cuarta Transformación estuvieron los fabricantes de alimentos procesados y naturales, además de los embotelladores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Asesorados por personajes de relevancia —entre ellos, el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde y el excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña— alistaron la estrategia para cuestionar la viabilidad y el sustento científico del etiquetado frontal. Y tuvieron éxito.

El Covid-19 concentró todos los esfuerzos institucionales en atender la emergencia sanitaria y quiso poner en orden a los fabricantes de insumos para la salud, medicamentos y dispositivos médicos sin olvidarse de los fabricantes de plaguicidas y los industriales que —a su juicio— provocaron la otra gran pandemia: la obesidad de amplios sectores de la población.

En la 4T, López-Gatell y Ruy López Ridaura —ambos egresados del Colegio Madrid la Johns Hopkins University— encabezaron el frente contra la industria de los alimentos procesados, principalmente los embotelladores de bebidas azucaradas; en el frente cívico, figuras como Alejandro Calvillo y Santiago Barquera. Ese bloque —ideológicamente radical— contaba con otros aliados en el sector salud, como quien se haría cargo del Insabi, Juan Ferrer; el médico Joaquín Molina —esposo de la titular de Inmujeres, Nadine Gasman— y Alejandro Svarch.

Entonces, Novelo Baeza dejó la Cofepris, a la que llegó Svarch —de padre cubano y madre argentina, discípulo del secretario Jorge Alcocer— quien fue uno de los médicos que atendió al presidente López Obrador durante la pandemia.

Y con él, un equipo de jóvenes funcionarios de la 4T con la encomienda presidencial de acabar con la discrecionalidad en la resolución de trámites y servicios en esa agencia reguladora. Entre ellos, Hermilo Domínguez Zárate y Bertha Alcalde Luján, quien había trabajado —durante el primer tramo del sexenio— como jefa de la oficina del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

Justo a la mitad del sexenio, las autoridades sanitarias endurecieron su postura contra los funcionarios de anteriores administraciones que mantenían capturada a la Cofepris. Hubo una limpia interna de la Comisión y también, un inusual comunicado para advertir sobre “intermediarios, exfuncionarios y gestores”.

Incluso en el pico de la primera oleada de la pandemia, las autoridades sanitarias emprendieron una conspicua batalla contra la industria de los alimentos procesados cuyos capitanes decidieron —en atención a la recomendación de sus asesores— esquivar las polémicas mediáticas y apegarse a la estrategia legal, tras de la presentación de los amparos contra los sellos octagonales.

Alcalde Luján, López-Gatell, Svarch, López Ridaura… Una nueva generación morenista, en la instrumentación de las políticas públicas en materia de salud pública. La industria resintió las nuevas disposiciones, pero sus ventas —y sus utilidades— no han amainado.

El desempeño de Alcalde Luján en el órgano regulador le han valido dos postulaciones: la primera, al consejo general del INE (en ese caso, resultó infructuoso el cabildeo morenista en la Cámara de Diputados) y la más reciente, su inclusión en la terna enviada por el Ejecutivo federal para subsanar la vacante del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.