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“Realmente nos puso preocupados”, admitió el secretario de Infraestructura, Jorge Nuño. Para alguien que ha debido sortear algunos de los situaciones más espinosas del sexenio —recuperar la categoría 1 para la aviación mexicana, completar el tren México-Toluca o concluir con la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, entre ellos— usar ese calificativo sin reparo no admitía concesiones.

El ataque cibernético a los servidores de la SCT tuvo una duración efímera, pero un fuerte impacto en el corto plazo: la emisión de licencias y certificaciones para el autotransporte federal quedó suspendida hasta nuevo aviso. La audacia de una funcionaria de segundo nivel —que decidió bajar el switch del sistema sin consultarlo con sus superiores— salió cara, porque cientos de equipos de cómputo quedaron inútiles.

En Conagua no tuvieron tanta suerte. Y tampoco en Semarnat, no obstante que en esa dependencia, encabezada por María Luisa Albores, había contratado a la firma para proteger su infraestructura tecnológica desde finales del sexenio pasado.

Los hackers arremetieron contra las dependencias federales incluso antes de la pandemia. Entonces, la Coordinación para la Estrategia Digital Nacional, a cargo de Emiliano Calderón Mercado, trataba de cumplir la instrucción presidencial de universalizar la cobertura de internet. El contrato heredado con Altan Redes parecía un obstáculo insalvable…

La austeridad republicana no estuvo detrás de la vulneración a esos sistemas informáticos. Las limitaciones presupuestales tampoco deberían condicionar el objetivo ulterior: garantizar la independencia tecnológica de las dependencias públicas.

Esa ambiciosa meta, empero, está supeditada a las gigantes del ramo y a las empresas que han construido sus imperios con las licitaciones públicas de equipos de cómputo y telefonía. En el foxismo, con Enciclomedia; en el calderonismo con Pemex… ¿y en la 4T?

El Anuario de la Corrupción 2022 de la revista Nexos refirió a B Drive IT por su vertiginosa expansión en este sexenio. Anteriormente, la firma había estado bajo escrutinio, debido a que una exfuncionaria de la Presidencia, Claudia Elena Pérez García, se convirtió en su representante legal y la condujo a obtener 736 millones de pesos en contratos.

Una alianza comercial con Engine Core permitió ese crecimiento, explicaron sus dueños. Del mantenimiento y conservación de la infraestructura de la red Avaya —un servicio de red telefónica implantado en el calderonismo— a la seguridad informática, el arrendamiento de routers y el “internet corporativo” para una veintena de dependencias públicas han podido transitar, como parte de consorcios que incluyen a grandes empresas.

La frontera entre los negocios digitales y la independencia tecnológica del gobierno mexicano es difusa, a estas alturas. La consolidación de este nuevo jugador en la proveeduría de TIC’s resulta difícil de concebir sin el respaldo de la oficina de Calderón Mercado.

Uno de los espacios donde con mayor nitidez se observan estas tensiones actualmente es la migración de la nube del IMSS y su plan DPR (Recuperación en Caso de Desastres, en español), un proceso iniciado después de que IBM y Kio Networks concluyeran con su contratos.

Por la vía de la adjudicación directa, ese organismo tripartita contrató el servicio de soporte técnico y operación de la infraestructura lógica con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que a su vez ha tenido que subcontratar con otras firmas privadas. Con B Drive IT tuvo que pactar la prestación del soporte e implementación de los productos del plan DRP para el IMSS.

De la sugerencia a la instrucción, apenas hay un paso. Entre 2016 y 2020, el IMSS invirtió casi 13,000 millones de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas; 2,700 millones anuales, en promedio, en ese cuatrienio.